La Junta de Andalucía multa con 300.001 euros al dueño del pozo donde murió Julen
Daniel Pérez | EFE
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar al propietario de la finca de Totalán (Málaga), en la que falleció un menor tras caer a un pozo en enero de 2019, con una multa de 300.001 euros por una infracción muy grave en materia de seguridad minera.
En contexto: el 15 de enero de 2019, Julen, de dos años, se precipitó por un foso excavado en el paraje denominado Cerro de la Corona, en el término municipal de Totalán, lugar en el que los técnicos de la Junta constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que «no estaba tapado ni entubado», y el 26 de enero se localizó el cadáver del menor en el interior del citado pozo. En febrero, las autoridades comunicaron que el titular catastral de la parcela donde se hallaba el pozo no contaba con la autorización previa de las obras de captación de agua ni con una solicitud para ello.
El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha informado de que el procedimiento lo ha tramitado la Delegación del Gobierno en Málaga, con el nombramiento de un instructor que ha emitido dicha propuesta de resolución. Bendodo ha recordado que, según el informe de la Guardia Civil, las obras realizadas carecían de las autorizaciones administrativas exigibles para su ejecución, y ponía de manifiesto que no se tomaron las medidas de seguridad establecidas.
En marzo del año pasado, y con un informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existen «dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión: el primero, tapado o sellado y el segundo, sin entubar y sin protección alguna», siendo este último en el que cayó el menor. En julio de 2019, la juez del caso consideró que el dueño del terreno habría podido cometer un delito de homicidio imprudente grave.
Además, la Delegación de la Junta en Málaga ha tramitado un expediente sancionador contra la empresa que realizó las perforaciones por una infracción de carácter grave en materia de seguridad minera. La propuesta de resolución plantea sancionar a la entidad responsable con una multa de 30.001 euros.
