Permiso de residencia de dos años para los jóvenes migrantes que hayan trabajado en el campo durante la pandemia

Los jóvenes inmigrantes de entre 18 y 21 años que hayan trabajado en el campo durante la pandemia tendrán un permiso de residencia y trabajo de dos años, prorrogable por otros dos. Así lo dicta una instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones, con la que se pretende dar «seguridad jurídica a los jóvenes que están contribuyendo al sostenimiento de un sector esencial en tiempos de crisis».

Lo más importante: esa autorización de residencia y trabajo será válida en todo el territorio nacional, sin límites geográficos o de actividad y sin aplicación de la situación nacional de empleo, informa el Ministerio de Migraciones. Los jóvenes migrantes tendrán que presentar su solicitud entre el 1 y el 30 de octubre.

Se beneficiarán de esta instrucción los extranjeros de 18 y 21 años que hayan trabajado en el campo durante la pandemia bajo el paraguas del decreto 13/2020 de 7 de abril, con el que se trataba de cubrir el déficit de mano de obra agraria. También podrán acogerse a esta instrucción aquellos jóvenes que hayan cumplido 22 años estando en vigor el citado decreto, cuya prórroga termina este miércoles.

Hay otros países europeos que también han tomado esta medida como es el caso de Italia, que ha aprobado una regularización de los inmigrantes que se dediquen a las labores agrícolas y de cuidadores domésticos, que podrán optar a un permiso de residencia temporal para paliar la falta de mano de obra por la pandemia de coronavirus [contexto id=»460724″]. «Desde hoy los invisibles serán menos invisibles, quienes fueron brutalmente explotados en los campos podrán acceder a un permiso de residencia», ha anunciado emocionada la titular de Agricultura y principal impulsora de la iniciativa, Teresa Bellanova.

Esta medida ha sido justificada por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, por la necesidad de combatir la delincuencia organizada que explota a los inmigrantes en los campos y a los capataces que los ofrecen como mano de obra de manera ilegal, a quienes ha calificado de «modernos traficantes de esclavos». Además, afirma que tiene como objetivo hacer frente a la economía sumergida y proteger a estas personas durante esta crisis sanitaria.