Condenado a nueve años el expresidente del banco del Vaticano por malversación de fondos
L'Osservatore Romano | Reuters
La justicia vaticana ha condenado a casi nueve años de prisión a Angelo Caloia, expresidente del Instituto de Obras de Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, y a su abogado, Gabriele Liuzzo, por apropiación indebida, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede.
La condena: se trata de la primera vez que el Vaticano solicita la cárcel por un delito financiero. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del IOR durante veinte años, hasta 2009, fue condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco, al apropiarse ilícitamente de decenas de millones de euros tras la venta de una veintena de propiedades en Roma y Milán. Además deberán pagar una multa de 12.500 euros. El hijo del letrado, Lamberto Liuzzo, ha sido también condenado a cinco años y dos meses y a una multa de 8.000 euros.
Los tres acusados han sido inhabilitados para ejercicio de cargo público en el Estado pontificio y se deberá indemnizar al IOR y a la sociedad inmobiliaria SGIR con unos 23 millones de euros.
Según los investigadores, los tres condenados desfalcaron por más de 50 millones de euros (60 millones de dólares) al banco vaticano durante la venta de decenas de inmuebles, realizada prácticamente sin publicidad ni control alguno entre 2001 y 2008.
El caso fue descubierto en 2014, cuando se incautaron las cuentas bancarias de dos ejecutivos del banco y el abogado.
El Banco del Vaticano, fundado en 1942, ha sido objeto de numerosos escándalos a lo largo de su historia, algunos de los cuales involucraron a la mafia siciliana. Los clientes de la entidad son sacerdotes, monjas, conferencias episcopales, fundaciones y organizaciones religiosas de todo el mundo.
Se trata del opaco sistema de compra de un lujoso edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado, el gobierno central del Vaticano, que garantizó jugosas comisiones a un grupo de empresarios italianos.
Desde entonces, la Santa Sede decidió transferir los activos financieros e inmobiliarios de la Secretaría de Estado a una única administración.
El Tribunal del Vaticano anunció esta semana que también juzgará a la italiana Cecilia Marogna, asesora de la Secretaría de Estado, a la que le consignaron medio millón de euros en una cuenta en Eslovenia, para sus servicios como mediadora para la liberación de sacerdotes y monjas secuestrados en África o Asia.
