Los ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido tienen 28 días para solicitar la residencia

Los comunitarios que viven en Reino Unido y que aún no han solicitado la residencia recibirán de las autoridades británicas una notificación para decirles que tienen 28 días para pedirla, según ha informado este miércoles el Gobierno.

En contexto: el 30 de junio expira el plazo para que los comunitarios que llevan más de cinco años de residencia en Reino Unido, o menos de cinco pero que hayan entrado antes de finales de 2020, hagan la petición digital al Ministerio de Interior para obtener el permiso que les permita residir legalmente en el país tras el Brexit. No obstante, Interior facilitará más tiempo para completar la solicitud si los solicitantes tienen motivos razonables para este retraso.

Cerca de 5,6 millones de ciudadanos comunitarios y sus dependientes han pedido ya el permiso de residencia, pero hay cerca de 400.000 casos pendientes, según las autoridades.

En virtud de lo pactado entre Londres y Bruselas, los comunitarios conservarán los derechos de residencia, empleo y el acceso a la sanidad pública y otros beneficios. El secretario de Estado británico de Interior, Kevin Foster, ha aclarado que las personas que han solicitado la residencia, aunque no quedará tramitada para el 30 de junio, no perderán sus derechos y estarán protegidos.

Ha añadido que el personal de Inmigración empezará a emitir notificaciones para decirles que tienen 28 días de límite para solicitar el estatus para residir. Hay dos estatus, el de asentado -para los que lleven más de cinco años viviendo en el Reino Unido- y el de presentado: menos de cinco siempre que hayan entrado en el país antes del finales de 2020.

El Gobierno británico ya había indicado recientemente que evaluará las solicitudes fuera de plazo de los comunitarios que quieran residir legalmente en el Reino Unido si cumplen ciertas condiciones, entre ellas razones médicas o en el caso de menores cuyos padres o tutores no hicieran la petición en su nombre. Según el Ministerio de Interior, su objetivo es ser «flexible y pragmático» a la hora de decidir sobre los estatus migratorios.