El botellón se multará en la Comunidad Valenciana con hasta 30.000 euros

El Gobierno valenciano ha aprobado la modificación del Régimen sancionador de las medidas de prevención de la COVID-19 para añadir como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública, el botellón, que se multará con sanciones que van desde 601 a 30.000 euros.

Lo más importante: con esta medida se busca un efecto disuasorio para contener la propagación del coronavirus, ya que la mayoría de los nuevos contagios se producen entre la población más joven, que todavía no está vacunada.

La norma, aprobada este viernes por el pleno del Consejo y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOGV, por sus siglas en valenciano), prohíbe el consumo colectivo de cualquier tipo de bebida en la vía pública o demás espacios abiertos al público, cuando se constate por la autoridad inspectora que se impide o dificulta la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

Además, se califica como infracción grave la participación y, como muy grave, la organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas, bajo las mismas circunstancias que en el caso anterior.

En el caso de las infracciones muy graves, para los organizadores se estipulan sanciones de entre 30.001 y 60.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 si son acumulativas. Asimismo, el decreto ley que modifica el Régimen sancionador incorpora la modificación de la ley de Salud Pública que permitirá avanzar la prohibición de vender bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas al por menor a las 20:00 horas.

Aunque en un principio la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, había explicado que la modificación de las sanciones se refería a un grupo de 4 personas consumiendo alcohol en la vía pública -en lugar de 10- fuera del horario permitido, la Consejería de Justicia ha precisado que ambas medidas (infracciones graves y prohibición de venta de alcohol) se aplican a todo el territorio independientemente de si hay o no toque de queda en los municipios de mayor incidencia de la COVID-19[contexto id=»460724″].

También este viernes se ha celebrado una reunión de coordinación de seguridad de medidas del coronavirus, que ha sido presidida por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, con la asistencia de la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, la delegada del Gobierno en la región, Gloria Calero, responsables policiales y representantes de los ayuntamientos.

En el encuentro, se han establecido líneas de coordinación y se ha solicitado la máxima colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y los municipios para que refuerce el control y la vigilancia de las medidas de prevención frente al virus, en especial, las aglomeraciones y prácticas como el botellón.

Según Bravo, en este tipo de fiestas y de reuniones es donde se produce el mayor índice de contagios, y ha recordado que el virus ataca a todos y que el 10% de los jóvenes que se contagian tiene secuelas muy importantes.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha anunciado el despliegue de los efectivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y contener la propagación del virus, y ha pedido a los municipios presentes en la reunión que incrementen los agentes de la Policía local para la vigilancia nocturna.