Las autoridades haitianas han elevado a 1.297 la cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 7,2 que asoló el sábado el suroeste del país.
En contexto: el terremoto, que ya forma parte los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, se registró a las 08:29 hora local a unos 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis du Sud, con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en la República Dominicana y Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
Protección Civil ha informado de que 1.054 personas han muerto en el departamento del Sur, otras 122 en Nippes y 119 en Grand Anse, todas ellas provincias de la península suroeste, mientras que otras dos personas han muerto en el noroeste del país.
Las autoridades han elevado también a 5.700 la cifra de heridos a causa del terremoto, que ha destruido 13.694 casas y causado daños a otras 13.585, así como a numerosos hospitales, escuelas y otras edificaciones, según cifras facilitadas por el ministro de Comunicación, Jean Emmanuel Jacquet, a los medios locales. Los daños son considerables en varias localidades de la zona afectada, una de las más remotas y pobres de Haití, y varios pueblos de la región han quedado prácticamente aislados por los daños registrados en carreteras y puentes.
El balance de víctimas mortales casi duplica las cifras del boletín ofrecido en la mañana del domingo, cuando se habían contabilizado 724 fallecidos.
El siniestro se produce en medio de un contexto difícil para Haití, que atraviesa desde 2018 por una delicada crisis política y económica, agravada por el asesinato el pasado 7 de julio del presidente Jovenel Moise, a cargo —según las pesquisas— de un comando de 26 mercenarios que irrumpieron en su residencia en Puerto Príncipe.
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, máxima autoridad del país tras el asesinato de Jovenel Moise, ha prometido que la respuesta oficial al terremoto será «más adecuada» que la que siguió al devastador terremoto de 2010.
Para ello, ha anunciado que toda la ayuda que llegue del extranjero debe ser coordinada por el departamento de Protección Civil, que también dirige las operaciones de rescate. «No queremos que (la ayuda) llegue desordenada», ha dicho Henry, en alusión a la caótica distribución de ayuda internacional tras el terremoto de hace 11 años, que llevó a la malversación de fondos millonarios, gestionados por cientos de ONG sin ningún control oficial.
