Los veterinarios piden cambiar la ley para poder vender medicamentos para animales

Varias organizaciones de veterinarios llevan tiempo pidiendo que la legislación se modifique para que se permita a estos profesionales vender medicamentos veterinarios en determinadas circunstancias y, por tanto, que las farmacias dejen de ser los únicos establecimientos autorizados para esto. Ahora, con motivo de la adaptación normativa que requiere el Reglamento (UE) 2019/6, que se debe aplicar desde el 28 enero de este año, las organizaciones están reforzando su insistencia para lograr este cambio. 

Actualmente, la ley española establece que la dispensación al público de estos medicamentos solo podrán hacerla «las oficinas de farmacia legalmente establecidas», así como «los establecimientos comerciales detallistas autorizados, siempre que cuenten con un servicio farmacéutico responsable de la custodia, conservación y dispensación de estos medicamentos» y «las entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas» que cuenten también con dicho servicio farmacéutico. En este último caso, solo se podrán dispensar para el uso exclusivo de sus miembros y no para el público en general. 

El citado reglamento europeo establece que será la ley nacional la que establezca quién tiene permiso para vender estos productos y es por eso que los veterinarios insisten en que esta se ajuste antes de que entre en vigor la norma europea. 

Qué piden los veterinarios

El Organización Colegial Veterinaria Española señala en un reciente comunicado que, dado que la normativa se tiene que adaptar próximamente para ajustarse al reglamento europeo, es buen momento para actualizarla con sus peticiones. 

La primera de ellas es que «la legislación nacional autorice a los profesionales veterinarios la distribución y venta de los medicamentos de uso veterinario no sujetos a prescripción en los mismos términos que a otros establecimientos distintos de las oficinas de farmacia, establecimientos comerciales detallistas y entidades ganaderas autorizadas». Es decir, que se le añada a la lista de profesionales autorizados a vender estos productos cuando para su uso no sea necesaria la prescripción de un veterinario. 

Su segunda petición es en relación a aquellos medicamentos que sí están sujetos a prescripción veterinaria. En este sentido, piden ser autorizados «para el suministro y venta al por menor de los medicamentos que precisen los animales bajo su atención clínica hasta completar los tratamientos que requieran sus patologías y su salud y bienestar, utilizando para ello los medicamentos existentes en su depósito de medicamentos». 

Sin embargo, su visión no es la única y hay quien va incluso más allá. La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), dice en un comunicado que «no solo está de acuerdo en que se autorice a los veterinarios a dispensar medicamentos veterinarios que no tengan prescripción obligatoria, sino que además solicita que esta autorización abarque cualquier tipo de medicamento veterinario y sea otorgada en exclusiva a esta profesión sanitaria». 

Según fuentes veterinarias consultadas por THE OBJECTIVE, esta discrepancia entre las distintas organizaciones está complicando las negociaciones para que estos cambios en la legislación sean finalmente realizados, dado que mientras que unos apuestan por una casi exclusividad de la venta de otros productos, otros solo ven necesario poder dispensar medicamentos en ciertas situaciones, como cuando se atiende animales en el campo, por ejemplo. 

La opinión de los farmacéuticos

La otra dificultad para el cambio de la ley es la postura de los farmacéuticos, que no se muestran a favor de que los veterinarios puedan entrar en la lista de aquellos autorizados para vender medicamentos para animales. 

En declaraciones a este periódico, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, Vicente J. Baixauli, considera que esta petición «es una injerencia en las competencias de los farmacéuticos en relación con los medicamentos». «Farmacia y veterinaria son dos profesiones distintas y en cada una de ellas se adquieren unos conocimientos y unas competencias diferentes que habilitan para ejercer dichas profesiones», añade. 

Además, otro motivo para oponerse a esta petición de los veterinarios es que estos «no están formados en medicamentos como los farmacéuticos en sus estudios universitarios», argumenta Baixauli, y «las instalaciones de las clínicas donde ejercen no están autorizadas para adquirir, conservar y dispensar medicamentos». 

Por último, afirma que «la separación entre prescripción y dispensación se justifica en base al conflicto de interés que aparece cuando el mismo profesional que prescribe dispensa», una separación que «es una garantía para el usuario, además de que la labor farmacéutica es una garantía sobre cualquier problema que pueda surgir vinculado al uso de los medicamentos». 

En el mismo sentido se pronuncia el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada (COFG) en un comunicado enviado a todos los colegios oficiales de farmacéuticos: «El principio legal de garantía de independencia en el proceso prescripción-dispensación es uno de los pilares básicos de la regulación del medicamento y debe mantenerse». Afirman que esta separación en el proceso permite «asegurar un uso responsable de los medicamentos». 

Además, el COFG aboga directamente por «eliminar la existencia del ‘cuarto canal’», es decir, de los establecimientos que tienen autorización para vender medicamentos que no necesitan prescripción. Unas declaraciones que sentaron muy mal a la CEVE, que considera que «las acusaciones que se han hecho contra los veterinarios dañan gravemente la honorabilidad de nuestras empresas, puesto que la gestión de los medicamentos veterinarios, incluyendo la dispensación, se hace en el entorno de una actividad económica asociada a la mera actividad profesional». 

Por último, Baixauli apunta que autorizar a los veterinarios a vender medicamentos afectaría tanto a algunas farmacias como a los pacientes. En cuanto a las primeras, algunas sufrirían un impacto económico, especialmente «en el ámbito rural, donde ya atraviesan una situación difícil». Respecto a los segundos, se vería afectados, afirma, porque «se eliminaría una de las principales normas éticas y que previene el conflicto de interés que tienen los veterinarios sobre los medicamentos que prescriben».