Graves errores en el ingreso mínimo vital: las familias protestan en plena campaña de Escrivá
Retrasos en las respuestas y la exigencia de devoluciones por errores administrativos son algunos de los problemas que denuncian
Un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio. | Marta Fernández (Europa Press)
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones empezó hace días una campaña para facilitar a aquellos que lo necesiten la información sobre la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El autobús protagonista de esta acción ha llenado de orgullo al ministro José Luis Escrivá, pero no ha sido bien recibido por todos. En concreto, por una parte de los beneficiarios de este ingreso, que denuncian que deberían subsanar todos los errores y problemas con su funcionamiento antes de seguir promocionando la ayuda.
Entre estos problemas denuncian retrasos en los pagos y en los análisis de las solicitudes, errores en la actualización de las cuantías e incluso solicitudes de devolución de cantidades ya cobradas por errores de la administración.
La situación la han visibilizado varias asociaciones en contacto con los afectados, que piden al Ministerio de Inclusión que ponga solución a los errores y «se ponga en los zapatos de las personas empobrecidas».
Devoluciones por errores administrativos
Uno de los errores más graves que afectan a los beneficiarios de esta prestación y que denuncian desde las asociaciones son las peticiones de devolución por cobro indebido. De repente, una familia recibe una notificación que le informa de que debe devolver miles de euros que ha cobrado de más, en muchas ocasiones por un error o un retraso de la administración a la hora de actualizar los datos.
Un problema que llegó incluso al Congreso de los Diputados, cuando el diputado Pablo Cambronero registró una pregunta al Gobierno en la que, entre otras cosas, preguntaba sobre estas devoluciones que se exigen a familias vulnerables.
A esta situación se llega por varias razones, explica a THE OBJECTIVE María Hontanares Arranz Peña, miembro de la asociación ATD Cuarto Mundo, que señala que pueden deberse a la mala gestión por parte de la Seguridad Social o directamente a errores de base en la ley. Lo mismo apunta Roberto Borda, de la Asociación Apoyo, que también ayuda a personas y familias a gestionar sus solicitudes.
Ambos coinciden en que uno de los mayores problemas está en la revisión anual de las cuantías. Esto, que lo marca la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se está haciendo tarde, según señalan desde las dos asociaciones. «La prestación se calcula con los ingresos del año anterior, según la declaración de la renta», explica Arranz. Para eso, hay que esperar al menos hasta junio del año siguiente, más los meses que Hacienda tarda en consolidar los datos. Esto se traduce en que la revisión no se hace hasta finales de año, por lo que los beneficiarios de esta ayuda pasan 11 o 12 meses cobrando una cuantía que no se corresponde con sus últimos ingresos. Ahora, en octubre de 2022, la gente sigue cobrando la prestación adecuado a sus datos de 2020, puesto que no se han revisado todavía las declaraciones de la renta de 2021.
Esto supone que, cuando acabe el año, habrá gente a la que se le deba dinero, por haber cobrado de menos, pero habrá quien tenga que devolver parte de la cuantía por el retraso de las administraciones en la gestión de la actualización.
«Que las cuantías se actualicen tan tarde causa perjuicios en los dos casos», lamenta Borda, que denuncia además que, al contrario que con otro tipo de devoluciones a Hacienda, piden que se haga en un solo pago. «Esto se arreglaría con una gestión adecuada», afirma.
Otra situación que también se debe a un error administrativo es aquella de quienes recibieron el ingreso mínimo vital de oficio, sin haberlo solicitado, y más tarde han sido notificados con la necesidad de devolverlo por no corresponderles.
«Lo que pasó en 2020 es que el Gobierno necesitaba dar datos a Europa de que había corregido este tema», dice Arranz. «Para que fuera rápido, lo que hicieron fue pasar todas las prestaciones por hijo a cargo que según sus bases de datos cumplían requisitos a ingreso mínimo vital». Así, los beneficiarios recibían una carta en la que se les informaba de que iban a recibir esta ayuda y que, en caso de no quererla, podían seguir recibiendo su prestación por hijo a cargo.
El problema llegó en 2021, cuando se empezaron a revisar los expedientes y se vio que las bases de datos no estaban actualizadas. «De la noche a la mañana, muchas personas se han visto con la devolución de cobros indebidos porque no cumplían los requisitos, pero a ellos nadie les informó de que tuvieran que cumplir ningún requisito, sino que de oficio les iban a conceder» el ingreso mínimo vital, explica Arranz, que denuncia que «el problema no es solo que sea un error de la administración, es que ha sido un error sistemático y que viene desde la ley, que además se ha denunciado».
Por último, Arranz señala también un error administrativo que ha dejado a muchas personas sin ingreso mínimo vital de manera indebida. En este caso, son personas que cobraban anteriormente las rentas mínimas autonómicas, unas prestaciones que están exentas de cómputo. El problema vino cuando Hacienda dio los primeros datos de estas personas y contó estas ayudas como incrementos de patrimonio o como rentas, que sí computan, con lo que la Seguridad Social los tuvo en cuenta como datos computables y mucha gente se quedó sin recibir la cantidad que en realidad sí le correspondía.
Retrasos y un exceso de burocracia
Además de todos estos errores que derivan en situaciones complicadas para los receptores del ingreso mínimo vital, desde las asociaciones denuncian situaciones que dificultan la solicitud y, más tarde, el cobro de esta renta en el tiempo establecido.
«Lo que necesita, que es lo que dicen los sindicatos también, es reforzar la plantilla dedicada a esto, ellos tienen una plantilla que no ha cambiado en nada y los han puesto a gestionar una prestación que quiere llegar a 850.000 solicitudes, si no pones refuerzos, eso evidentemente va al colapso», denuncia Borda.
Actualmente, «hay atasco de solicitudes y hay atasco de resolución de prestaciones», asegura Borda. «No puedes ir a las personas que no se han enterado que tienen derecho a la prestación cuando otras que sí se han enterado y piden la solicitud esperan seis, ocho meses porque tú no tienes personal», lamenta.
Además, señala que desde las propias administraciones ponen trabas innecesarias que complican la solicitud. Por ejemplo, «si tú compartes casa con personas que no sean familia, te piden un certificado de Servicios Sociales que atestigüe que esas personas no son familia», un informe que puede llevar meses y que en ocasiones llega cuando ya ha expirado el plazo que da la administración para entregar la documentación necesaria.
«La última vez que el ministerio dio cifras de las solicitudes aceptadas y presentadas, eran una de cada cinco solicitudes aprobada. Muchas de ellas se deniegan por este lío que arman. No es una solicitud ni fácil, ni accesible», denuncia Borda.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta septiembre de 2022 un total de 1.406.850 personas habían recibido el ingreso mínimo vital, que ha llegado a 509.574 hogares. La mayoría de los destinatarios de la prestación son mujeres, con 767.709 frente a 638.881 hombres. Además, un 42,4% de los beneficiarios son menores, señala el ministerio. También son mayoría los hogares en los que hay al menos un menor, ya que representan el 64,2% del total.
Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2021 la prestación había alcanzado a 284.000 hogares, es decir, a un 40% de sus beneficiarios potenciales. En septiembre de 2022, aún sigue lejos de cumplir el objetivo marcado en un inicio.
