Enfermeros y fisioterapeutas denuncian ante la UE al Gobierno por su clasificación profesional
El hecho de pertenecer al subgrupo A2 les impide poder acceder a puestos de gestión y dirección de alto nivel
Protesta del Sindicato de Enfermería (SATSE). | SATSE (Europa Press)
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha solicitado al Parlamento Europeo que abra un procedimiento formal de infracción contra el Gobierno por la «discriminación y desigualdad» que supone que enfermeros y fisioterapeutas sigan encuadrados en la clasificación profesional A2 cuando otros profesionales con la misma titulación universitaria están en el subgrupo A1.
El hecho de pertenecer al subgrupo A2 les impide poder acceder a puestos de gestión y dirección de alto nivel, como pueden ser las gerencias de áreas y centros sanitarios, por ejemplo, o a grupos de investigación y docencia, según señala Europa Press.
En un escrito del presidente de SATSE, Manuel Cascos, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Sindicato fundamenta las razones que, a su juicio, justifican el inicio del procedimiento infractor contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que «existe una clara vulneración del derecho comunitario y del derecho internacional por discriminación y desigualdad».
El Sindicato recuerda al Parlamento Europeo que, tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, se extinguieron en España los planes de estudios de licenciatura y diplomatura, y, desde ese momento, todos los titulados universitarios, caso de enfermeros y fisioterapeutas, obtienen un título de Grado, al igual que la mayor parte de profesionales universitarios, por ejemplo de los Grados de Derecho, Economía, Biología, Física, Periodismo y Psicología.
No obstante, apunta SATSE, enfermeros y fisioterapeutas siguen siendo encuadrados en la «obsoleta» clasificación A2, prevista para las extintas diplomaturas, en lugar de estar incluidos en el Grupo A, sin distinción alguna. «Algo que supone una lesión al principio de no discriminación regulado y protegido en el ámbito comunitario y también en España», insisten al respecto.
En este sentido, el Sindicato alude en su escrito a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reafirma el compromiso de la UE con el principio de no discriminación, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los que son parte todos los Estados miembros.
También recalca que el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «prohíbe la discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación», y que el artículo 14 de la Constitución española consagra «el derecho a la igualdad de todos los españoles sin que puedan ser discriminados por ningún tipo de condición o circunstancia personal o social».
Asimismo, SATSE ha incidido en que, tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la Unión Europea puede adoptar medidas para combatir cualquier forma de discriminación, y que «existe jurisprudencia reiterada sobre que el principio general de igualdad es uno de los principios fundamentales del derecho comunitario».
«Se trata, sin duda, de una discriminación que sufre un colectivo eminentemente femenino y esencial, cuya labor profesional y responsabilidad están más que demostradas, no solo formalmente con la titulación universitaria que ostentan, sino materialmente a través del notorio y público trabajo que desempeñan», ha reivindicado el Sindicato.
De la misma forma, consideran que «seguir en el subgrupo A2 aumenta la brecha de género laboral que ya vienen sufriendo con respecto a la igualdad de oportunidades y capacidad de liderazgo».
Esta nueva denuncia ante el Parlamento Europeo, al que se le pide también que informe sobre su posicionamiento acerca de la cuestión planteada, se produce después de que SATSE se haya dirigido al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo y a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, reclamándoles que acaben con una situación que «afecta muy negativamente al desarrollo y avance profesional de los cerca de 400.000 enfermeoas y fisioterapeutas de nuestro país».
