Sólo el 20,8% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza reciben el ingreso mínimo vital
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sostiene que tres de cada cuatro solicitudes continúan denegándose
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Diego Radamés (Europa Press)
Sólo el 20,8% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician del ingreso mínimo vital (IMV) y tres de cada cuatro solicitudes continúan denegándose, según ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Pese a que el ritmo de concesiones ha aumentado en el último año y ha favorecido la incorporación de nuevos perceptores, el IMV alcanza al 76 % de los de los 2.300.000 beneficiarios previstos cuando se aprobó esta medida hace tres años y aún quedan casi 550.000 personas por percibir esta prestación.
Según el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el ingreso mínimo vital llega a 611.029 hogares y sólo el 20,8 % de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado, es decir, 1.752.467 personas, de los cuales 755.752 son menores.
Siguen existiendo diferencias por territorios y, mientras hay comunidades que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza como Baleares (11,4%), Canarias (12,3%) o Cataluña (14,5%), otras como Ceuta y Melilla (43,2 % y 40,3 % respectivamente), La Rioja (32,7 %) y Aragón (28,3 %) se sitúan en cabeza.
En el último año ha aumentado un 70 % el número de beneficiarios del IMV (700.000 personas más), multiplicando por tres la cobertura del sistema de rentas mínimas de las comunidades. En 2022 se alcanzó una inversión del ingreso mínimo vital de 2.512,82 millones de euros, superando por primera vez la inversión en rentas mínimas que en 2020 hicieron las autonomías (1.970,18 millones).
No obstante, los gerentes alertan de que se siguen denegando tres de cada cuatro solicitudes lo que achacan al sistema de gestión implantado, a través de la web y «sin apoyo de ningún personal» que conozca los requisitos y el proceso, y a la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social.
Lamentan que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social «continúe sin articular» las medidas de coordinación con la red de servicios sociales previstas en la ley y que «no haya sido capaz» de ejecutar el presupuesto total y haya devuelto 453 millones de euros.
Por ello, reclaman «un impulso aún mayor» para incorporar en la gestión a los servicios sociales de atención primaria y solucionar el «laberinto burocrático» que ha hecho que el IMV se haya implantado a un ritmo mucho más lento de lo previsto.
