El vertido de pellets sigue extendiéndose mientras Xunta y Gobierno se lanzan reproches
Galicia sostiene que el Ejecutivo no les informa desde el pasado 3 de enero sobre la situación de contaminación
Restos de pellets.
Voluntarios, asociaciones de ecologistas y los propios municipios afectados llevan días organizándose para limpiar las playas gallegas afectadas por el vertido de millones de pellets de plásticos tras la pérdida de hasta seis contenedores por parte del buque Tuconao en aguas portuguesas.
Ya son decenas los municipios afectados por este vertido de microplásticos, que están tiñendo de blanco los arenales gallegos de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Noia y también las playas de la zona de A Coruña y Ferrol. Ante esta situación, la Xunta activó el pasado día 5 de enero el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en el nivel 1 y el servicio de Guardacostas mantiene vigilancia en todo el litoral, tanto por medios marítimos como terrestres, con el objetivo de detectar rápidamente la presencia de estos materiales para que puedan ser recogidos lo antes posible.
La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez y el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, se han reunido este domingo con Guardacostas de Galicia, técnicos de Medio Ambiente y personal de Intecmar para realizar el seguimiento de la limpieza de playas donde han llegado pellets de plástico y han pedido «calma» para analizar la situación, además de demandar más información al Gobierno central.
Precisamente esta mañana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno central, Teresa Ribera, ha llamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para ofrecerle ayuda y apoyo ante esta catástrofe ambiental. En esa llamada, Rueda exigió a Ribera información actualizada y veraz sobre la situación del vertido, las causas, alcance y contenido de los contenedores. El conselleiro del Mar ha señalado que el Ejecutivo estatal se ofreció a colaborar «poniendo a disposición nuevos medios, con el objetivo de seguir acometiendo las labores de limpieza y retirada de estos materiales».
Unos recursos, por otro lado, que servirán para reforzar los ya desplegados por la Xunta con agentes medioambientales, brigadas de Tragsa y equipos de los municipios afectados. Según Villares, los trabajos se intensificarán en los próximos días. Por el momento, ya se tomaron muestras de los materiales recolectados y fueron enviados para ser analizados y así conocer en detalle su composición.
La Xunta, sin información
Villares ha pedido «calma» y ha lamentado que tengan que valorar datos «que no tienen». Ha incidido en que el Gobierno no le ha trasladado apenas información y ha reiterado que la única comunicación recibida por la Xunta se produjo «los días 3 y 4 de enero» mediante unos correos electrónicos en los que se informaba de que un buque había perdido unos contenedores en aguas portuguesas.
El conselleiro del Mar ha sido muy crítico con el Gobierno central, al que acusa de conocer desde el 20 de diciembre esta situación y no trasladar esta información a la Xunta hasta esta misma semana. «Nosotros estamos actuando desde que tenemos información por parte del Gobierno. A nosotros nos informa el Gobierno de estos hechos a través de correos electrónicos el día 3 y 4 de este mes de enero. Antes no teníamos ningún tipo de información de lo que estaba pasando en nuestras costas», ha declarado Villares.
Desde el Gobierno central desmienten las declaraciones de la Xunta y aseguran que el jefe del Servicio de Salvamento Marítimo de Fisterra informó al subdirector del Servicio de Guardacostas de la llegada de pellets de plástico a las costas gallegas el pasado día 20 de diciembre a las 18:30 horas, tras la pérdida del contenedor del buque Toconao. Desde el Gobierno señalan que las primeras evidencias ya apuntaban a que podría tratarse del contenido de uno de los seis contenedores que el buque Toconao, con bandera de Liberia, perdió el pasado 8 de diciembre, a unos 80 kilómetros al oeste de Viana do Castelo, en aguas portuguesas. El pasado 20 de diciembre, el abogado de los armadores del buque reconoció los hechos ante el centro de coordinación de Salvamento Marítimo. Explicó que contrataron técnicos especializados para monitorear el derrame y se puso a disposición para pagar los costes de los trabajos de limpieza y ayudar en lo necesario.
Ese mismo día, el Gobierno comunicó estos hechos a la Xunta, señalan desde la delegación del Gobierno, que ha pedido «colaboración, lealtad y respeto mutuo» y además ha solicitado a la Xunta que, «para que ese apoyo sea eficaz y que el Gobierno movilice recursos estatales», es necesario que el Ejecutivo gallego active el nivel de emergencia 2, destinado a emergencias de especial vulnerabilidad, y solicite expresamente la movilización de recursos estatales.
«El siguiente nivel, el 3, se utiliza en situaciones de ámbito nacional. De momento, la emergencia decretada por las autoridades gallegas es de nivel 1», ha justificado el Gobierno central. No obstante, Villares ha asegurado que las zonas afectadas parece que superan los límites de la Comunidad, llegando incluso a zonas de Asturias y Cantabria, por lo que «es ya un problema nacional», que va más allá de Galicia. Ha afirmado que personal de Guardacostas y de Tragsa está colaborando con los ayuntamientos en la limpieza de las playas desde que tuvieron conocimiento de este vertido, que en principio son «bolas plásticas». Sin embargo, ha dicho «desconocer» el número de contenedores o de sacos vertidos, por lo que ha pedido al Gobierno central «más información».
Por su parte, la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha informado que actualmente no hay especies en los centros de recuperación del Departamento afectadas por este vertido.
Ante esta situación, partidos como el BNG, Podemos o Sumar reprochan tanto al Ejecutivo autonómico como al Gobierno central «inacción» ante esta situación y exigen responsabilidades políticas ante lo sucedido, que, según dicen «recuerda a la gestión negligente del Prestige». Además, Ecologistas en Acción presentará una denuncia ante los Juzgados de Noia contra la empresa holandesa propietaria del buque que provocó el vertido por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
