Sanidad resucita la lista de médicos objetores del aborto con la elaboración de un protocolo
Aprobada hace un años, apenas hay médicos inscritos en ella y seis regiones aún no cuentan con registros de objetores
Hace un año que entró en vigor la reforma de la ley del aborto. Entre otras cuestiones establecía la creación de un registro de médicos objetores en cada comunidad autónoma con el fin de garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en cualquier centro público. Pues bien, 12 meses después, apenas hay médicos inscritos en esas listas y, al menos, seis regiones aún no cuentan con registros de objetores (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco).
Como consecuencia, Mónica García, actual Ministra de Sanidad ha anunciado este viernes la creación de un protocolo para «orientar a las comunidades sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores de conciencia y planificar la atención», con el objetivo de «garantizar la equidad a todas las mujeres para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».
Así lo ha comunicado en el ‘Conversatorio #DiagnósticoFeminista: Por una sanidad sin sesgos de género’, celebrado en el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde ha vuelto a recalcar que desde el Ministerio van a trabajar por «blindar» el aborto en la Constitución, como ya anunció el 6 de marzo en la red social ‘X’, en contra de la opinión de Igualdad.
«Los objetivos son garantizar un tratamiento equitativo a todas las mujeres vivan en la comunidad autónoma donde vivan, y para ello se va a promover la cooperación entre comunidades limítrofes; que el método a aplicar para la interrupción del embarazo se decida única y exclusivamente en base a criterios sanitarios; y que los abortos terapéuticos, los que se hacen por motivos de salud, se hagan con todas las garantías, es decir, en el hospital de referencia», ha apuntado la ministras.
Y es que los números hablan por sí solos. La inmensa mayoría de los abortos se siguen produciendo en centros hospitalarios privados. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de los 98.316 abortos incluidos en el Registro Estatal fueron 222 los centros autorizados en todo el territorio nacional, el 82,70 % de ellos centros derivados y el 17,02 % centros públicos.
El protocolo asegurará además que «el método abortivo se ciña a criterios clínicos». «Estamos viendo que hay mucho sesgo entre el método abortivo farmacológico y el quirúrgico, en función de la variabilidad de la práctica clínica (…) Queremos que esto tenga unos criterios clínicos muy definidos», ha resaltado.