Llegan los otros okupas: con dinero para abogados pero sin ganas de pagar alquiler

El paradigma del okupa en España ha cambiado. Al movimiento antisistema que ha existido durante décadas en toda Europa y a las familias vulnerables que no pueden permitirse una vivienda se añade un nuevo perfil que, sin tener problemas de dinero, se aprovecha de una legalidad favorable para evitar el pago del alquiler, un fenómeno que ha incrementado los casos de inquiokupación, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.

Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario, habla de una «segunda generación de okupas». «Ya no es solo el okupa típico, con rastas y antisistema de toda la vida, sino que ahora hay gente que lo coge como modo de vida y es debido a la permisividad del Estado«, alerta. De hecho, recientemente su despacho ha recibido a tres okupas distintos que querían preparar su defensa, un tipo de petición que no era habitual anteriormente, ya que suelen ser los propietarios quienes toman la iniciativa legal, pero que está emergiendo.

«Me piden presupuesto para defenderlos, han evolucionado y han pasado a la siguiente fase, que es contratar abogados privados», señala la socia del despacho AF Legis. «Su razonamiento es que, si el procedimiento dura un año, no pago alquiler y el abogado me cuesta 2.500 o 2.800 euros contando los procedimientos, el alquiler de año es mucho menos», indica la letrada, que recuerda que dependiendo de la saturación de los juzgados en cada zona, el tiempo que esperan los dueños para recuperar su vivienda puede ser de 12 meses o incluso superior.

«El okupa siempre va asistido de un abofado y si está en un umbral de vulnerabilidad social o no tiene vivienda alternativa y los propietarios son fondos o grandes tenedores, hace no solo que el proceso se dilate, sino que, después de la ley de vivienda, se haga prácticamente imposible para un gran tenedor conseguir el desalojo», subraya Pablo de Palacio, abogado y criminólogo. «Este colectivo sabe perfectamente que hay una normativa que le ampara y estamos viendo que ha bajado la okupación de pisos de pequeños propietarios y ha subido la de los que se sabe que son grandes propietarios», añade.

Y es que «normalmente, para saber de quién es una vivienda, con entrar al Registro de la Propiedad, sacas una nota simple, o cogiendo información del barrio o haciendo un control de quién está o quién deja de estar o entrando al portal público de subastas, ves cuál es el estado okupacional», explica De Palacio. «Si ves que el acreedor es un banco y el estado de ocupación es vacío, ya sabes que la propiedad es un banco», remacha.

El abogado advierte del efecto que esta inseguridad jurídica tiene en el acceso al mercado de la vivienda, ya que se reduce la oferta de pisos y los precios van en aumento. «El precio del alquiler, con estas políticas, lo que hace es aumentar», destaca De Palacio, que expone que «antes las propiedades venían al despacho para que se pusiese el piso en alquiler y ahora para la compraventa».

También lamenta la destrucción de empleo que ello conlleva en el sector del ladrillo, pues «las constructoras construían una barbaridad y ahora no tienen inversores, que ya no invierten en suelo en España». Argumenta que «el que compra un edificio para ponerlo en alquiler, es posible que dentro de poco no pueda poner el precio que quiera y se lo ponga el Estado, y si se meten okupas o inquiokupas, tengo problemas para sacarlos y más si soy inversor y tengo más de diez viviendas», mientras que «las empresas constructoras antes construían un edificio tras otro y ahora les viene uno o dos» lo que implica que «si antes necesitaban a 50 personas trabajando, ahora con 20 tiran».

Ambos juristas coinciden en que el mal funcionamiento de la ley a la hora de garantizar a los propietarios el derecho a usar su inmueble genera un hartazgo que se traduce en menos procedimientos judiciales y más alternativas privadas como la desokupación. Algo que definen como «la ley del más fuerte» y que, en ocasiones, puede terminar con el dueño imputado como colaborador necesario en un delito de lesiones si se llega al choque violento.

En este contexto, Seguro Contra Okupas, una firma que comercializa garantías mensuales que incluyen protección jurídica, servicios de mediación o alarmas, entre otros; ha alcanzado su «récord de facturación». «Ha crecido mucho la okupación y el impago y las grandes aseguradoras se están metiendo en ello, aunque solo cubren la vía judicial», asegura su director, Daniel Avilés, que añade que esta situación ha impulsado los servicios contra okupas o de alarmas.

«El pack con alarma nos lo empiezan a pedir más, aunque hoy en día son muy fáciles de inhibir y por eso estamos intentando crear un servicio con otras empresas que envía la señal en menos tiempo, cada 12 horas, cuando por ley es cada 48, pero cuando salta la alarma y viene la policía, si los okupas dicen que ya estaban ahí dentro es tu palabra contra la suya», denuncia. Y concluye: «No es que la okupación se mantenga igual o baje, es que no se denuncia y se va a la vía de la intermediación, más de la mitad de casos, un 60%, no se denuncia y se pasan a la vía extrajudicial».