Cae una banda criminal dedicada al comercio ilegal de tortugas en Terrassa (Barcelona)
La Guardia Civil ya detectó desde el año pasado irregularidades en una tienda de animales en Zaragoza
Tortugas intervenidas. | Guardia Civil
La Guardia Civil ha desmantelado este miércoles una organización criminal que operaba en España dedicada al tráfico ilegal de especies protegidas. En una operación coordinada, se ha investigado a seis personas vinculadas a tres empresas por su presunta participación en delitos contra la fauna, contrabando, falsedad documental y organización criminal. El golpe a esta red ilícita se ha dado tras una meticulosa investigación que comenzó el año pasado, cuando se detectaron irregularidades en una tienda de animales en Zaragoza.
En el curso de la investigación, se descubrió un almacén en Terrassa (Barcelona), donde los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) localizaron e intervinieron 115 tortugas y 5 camaleones, todos ellos sin los microchips requeridos por ley y acompañados de documentación falsa. Este almacén servía como punto de distribución de animales traídos de otros establecimientos europeos, que facilitaban documentos falsos para simular una trazabilidad legal.
Certificados falsificados
La organización criminal, según fuentes de la Guardia Civil, justificaba la falta de identificación de los animales alegando su pequeño tamaño, evitando así métodos alternativos de registro como la fotografía. Esta táctica permitió a la red operar oculta durante un tiempo considerable, complicando la labor de las autoridades para detectar las irregularidades.
La investigación también sacó a la luz que los implicados falsificaban certificados necesarios para hacer parecer que los animales tenían una procedencia legal. Este meticuloso proceso de falsificación dificultaba enormemente la detección de las irregularidades a simple vista, permitiendo que el grupo mantuviera sus operaciones ilícitas.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha sido consultado para un informe que confirmó que los animales están protegidos. El informe también valoró el daño medioambiental causado por la extracción de estos animales de su entorno natural, estimando casi 6 millones de euros, a pesar de que el valor de venta legal de los animales se estimó en solo 14.000 euros. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y la acción legal contra el tráfico de fauna para proteger la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.
