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Desmantelan una red criminal que traficaba con residuos de construcción entre Francia y España

La Guardia Civil ha detenido a seis personas tras detectar traslados a varias empresas de Guipúzcoa desde 2020

Desmantelan una red criminal que traficaba con residuos de construcción entre Francia y España

Agente de la Guardia Civil. | Archivo

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal que importaba ilegalmente residuos de construcción desde Francia para su reventa en España. En la operación denominada ‘Zikina’, se han detenido a seis personas y se han investigado a dos entidades jurídicas por delitos contra el medio ambiente. La investigación reveló que estos residuos, que deberían haber sido eliminados en Francia, eran transportados y recepcionados por empresas en ambos países, promoviendo así un comercio ilegal.

La operación ha contado con la colaboración de la OCLAESP de la Gendarmería Nacional Francesa y el Grupo de Investigación Medioambiental de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona. Este miércoles, las autoridades francesas realizaron dos registros en Francia y cinco en España, incautando documentación crucial que demostraba los traslados ilegales de residuos y la conexión entre las empresas implicadas.

En el contexto de la Unión Europea, cada año se mueven unos 70 millones de toneladas de residuos entre países miembros, de los cuales entre un 15% y un 30% podrían ser ilegales. Este tráfico ilícito genera ingresos anuales de entre 4.000 y 15.000 millones de euros, destacando la importancia de operaciones como ‘Zikina’ para combatir estas prácticas.

Casi 5.000 actuaciones del Seprona

Este año, el Seprona ha llevado a cabo 4.861 actuaciones penales relacionadas con delitos medioambientales. Hasta la fecha, se ha detenido e investigado a 2.884 personas. Dentro de estos delitos, destacan los relacionados con el maltrato de animales domésticos, con 792 casos, y los delitos urbanísticos, con 544 casos. Además, se han registrado 322 delitos de incendios forestales y otros relacionados con la protección de la flora y la fauna.

Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2020, tras detectarse numerosos traslados transfronterizos ilícitos de residuos con origen en Francia y destino a varias empresas en Guipúzcoa. Estos residuos, que debían ser eliminados según la normativa francesa, eran declarados en España como «valorización», es decir, residuos a los que se les podía dar otro uso.

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