El Congreso aprueba la Ley de Ciencia sin ningún voto en contra
La nueva norma obligará a la contratación indefinida para los investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos competitivos
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. | Europa Press
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por 261 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV y Junts, BNG y CUP).
«Es un texto que nace del diálogo, una ley como esta debía estar participada, consensuada y trabajada por todos. La ley tiene grandes avances y fortalezas, ataja la precariedad con un nuevo contrato indefinido, mejora las condiciones laborales de los investigadores jóvenes y reduce las cargas administrativas en la justificación de las ayudas», ha defendido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en el Pleno del Congreso.
Enmiendas de Más País y Podemos
A su paso por el pleno, último trámite en el Congreso, se han aprobado dos enmiendas presentadas por el diputado de Más País-Equo Íñigo Errejón, aunque no ha contado con el apoyo de los socios de Gobierno, por lo que se ha incluido en el texto el reconocimiento al personal de gestión como parte del personal de investigación, así como para que, en la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal de investigación, se puedan dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
También se ha aprobado una enmienda presentada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común. Con esta novedad, la Ley de Ciencia obligará a la contratación indefinida para los investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos competitivos, y que se encontraban exentos de esta modalidad de contratación.
Según fuentes de Podemos, de esta forma se garantiza que la reforma laboral sea una realidad efectiva para este personal de investigación, incluyendo a todo el sistema público, universidades, OPis y fundaciones, algo que para la formación es una cuestión de «justicia». Citando datos de CC.OO, los morados señalan que esta enmienda reducirá la temporalidad a menos de la mitad. Por ejemplo en el CSIC, con 13.500 trabajadores, se espera pasar del 45% de temporalidad al 20-24%.
El PSOE retiró dos votos particulares
Los socialistas finalmente retiraron este miércoles dos votos particulares que presentaron contra dos enmiendas añadidas al texto en trámites parlamentarios anteriores que no contaron con su apoyo, referidas a la estabilizar al personal investigador universitario y vincular el gasto público en I+D al PIB, y que se mantienen en la norma.
Durante los trámites de Ponencia y Comisión que preceden al debate del texto en el pleno de la Cámara Baja, se aprobaron once enmiendas nuevas y siete transaccionales de las más de 400 presentadas por los grupos parlamentarios.
Por ello, a lo largo de su tramitación, el texto ha incorporado algunos cambios como permitir que los contratos indefinidos se celebren con personas con experiencia y competencias acordes al puesto independientemente de su nivel de formación.
La ley ha incluido que los contratos predoctorales y posdoctorales en el sector público no requerirán autorización previa cuando estén financiados en su totalidad con fondos externos o competitivos, lo que agilizará la contratación de estas personas. También se interrumpirá el cómputo de duración de estos contratos temporales durante el tiempo dedicado a permisos y excedencias por motivos de conciliación (maternidad, paternidad, permisos o excedencias por cuidado de menores o familiares dependientes, entre otras circunstancias).
Sede de la Agencia Espacial
Respecto a la creación de la Agencia Española del Espacio, la ley ha incluido que se encargará de elaborar una Estrategia Espacial Española y que se promoverá que su ubicación se base, entre otros, en principios de cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.
En referencia a la ciencia abierta, se obliga a que el personal de investigación del sector público deposite una copia de la versión final de las publicaciones de forma simultánea a la fecha de publicación, y no en el plazo doce meses como en la anterior ley; y se obliga a los beneficiarios de ayudas públicas a que conserven los derechos de propiedad intelectual para dar cumplimiento a los requisitos de acceso abierto que establezcan las bases de las convocatorias.
También se ha añadido que publicar en abierto se considere en la evaluación del mérito investigador; y se incluye a las CCAA, y no solo a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades, como responsables de mantener iniciativas a facilitar el libre acceso a los datos, de acuerdo con los principios internacionales FAIR.
El texto redefine el contrato de investigador distinguido, que pasa a denominarse «de investigador distinguido», como aquel destinado a la dirección de equipos humanos como investigador principal y de centros de investigación o en tareas de transferencia de conocimiento e innovación, o de instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares. Al respecto, se ha añadido que se permite que el contrato se pueda celebrar también con tecnólogos que gocen de una reputación internacional consolidada basada en la excelencia de sus contribuciones.
En el apartado de mejora de las condiciones del personal investigador del Sistema Nacional de Salud, se incluye que se aprobará un Estatuto del personal de investigación.
Entre las modificaciones también se incluye la obligación a que la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Estatal de I+D se evalúen de forma independiente, así como la obligación de que se sometan a procesos de evaluación externa e independiente en base a criterios de impacto, eficiencia y excelencia, y que estos contarán con la participación del sector privado y agentes sociales.
El documento también apunta que el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación deberá ser nutrido por las comunidades autónomas y sus datos se pondrán a disposición de la comunidad científica. Las CCAA, refleja el texto, deberán enviar información y podrán firmar convenios con la Administración General del Estado para asegurar el correcto y normal funcionamiento del sistema de información. Además, se deberán articular mecanismos para que la información esté a disposición de la comunidad científica.
También se ha incluido que la designación de los miembros del consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI) se hará a partir de una convocatoria abierta de expresión de interés, que aplicará a los miembros de la comunidad científica y tecnológica y a los representantes de la sociedad civil.
Para permitir que los parques científicos y tecnológicos del sector público puedan devolver las deudas pendientes con el Ministerio de Ciencia e Innovación, se les permitirá que solo tengan que aportar una garantía de que su administración pública de pertenencia se hace responsable subsidiario del pago de esta deuda, cuando anteriormente se les solicitaba también un aval bancario. El texto ha suscitado críticas de varias sociedades científicas que piden una «revisión profunda» y de CC.OO. que se ha concentrado frente al Congreso.
