Gallardón defiende la compra de Inassa y asegura que “jamás” ha cobrado comisiones

El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este jueves ante el juez del caso Lezo la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares en 2011. Además, ha asegurado que “jamás” ha cobrado una comisión.

Ruiz-Gallardón ha defendido ante los periodistas, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional, “la legalidad y prudencia” con la que se llevó a cabo la operativa, que contó con “todos los informes jurídicos favorables”.

La compra de Inassa, ha dicho, fue “una adquisición que se hizo con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena para la institución y los madrileños”, y ha añadido que “el tiempo ha demostrado que fue una buena decisión por parte del Canal”.

Ante la fiscal Ana Cuenca ha asegurado que “jamás” ha cobrado comisiones por esta ni por otra operación, ni tiene cuentas en el extranjero, han informado fuentes jurídicas a EFE.

Sobre el también expresidente madrileño y principal investigado del caso Lezo, Ignacio González, sin mencionar su nombre, se ha desmarcado de su gestión y de la de otros gobiernos de la Comunidad de Madrid, algo que no ha querido valorar.

Gallardón ha seguido la línea de algunos de sus exconsejeros que ya han declarado ante el juez Manuel García Castellón, y se ha desvinculado de los aspectos técnicos de la operación. Ha declarado que nunca entró en los detalles de la operación porque eso era competencia de los técnicos, y ha argumentado que la forma de adquirir la empresa contaba con informes técnicos y jurídicos favorables, que contaba con el visto bueno del Consejo de Administración del Canal.

Ha justificado también que la compra de Inassa se realizase a través de una sociedad panameña y ha defendido la labor de los técnicos del Canal de Isabel II, que explicaron ante el juez que fue una exigencia de los vendedores para que la operación saliera adelante.

La forma de adquirir la empresa colombiana es precisamente lo que está en el punto de mira del juez quien cree que, además de existir una “sobrevaloración claramente perjudicial” en la operación, ésta se llevó a cabo a través de “una compleja estructura societaria” que contravino los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.

Gallardón confía en en que se acabe certificando “no solo que las cosas se hicieron bien, sino que se hicieron de acuerdo a la ley”, informa EFE.