Dos nuevas querellas acorralan al expolicía franquista 'Billy El Niño'

Continúa el goteo constante de querellas contra el expolicía de la Brigada Político y Social de la dictadura franquista Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’. Este viernes, Adolfo Rodríguez Gil y Julio Gomáriz Acuña han presentado dos querellas criminales en los Juzgados de Instrucción de Madrid por las torturas que sufrieron. Ambas están dirigidas contra diferentes miembros de la Policía política franquista, entre otros, González Pacheco.

Adolfo Rodríguez Gil, que pertenecía al Partido Comunista Español (PCE), fue detenido en dos ocasiones por agentes de la Brigada Político Social entre los que se encontraba ‘Billy el Niño’, una de ellas en mayo de 1972 y la otra a principios del año 1974. En la primera detención fue sometido a tortura, asegura. Por su parte, Julio Gomáriz Acuña, que pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), fue detenido en tres ocasiones durante el período comprendido entre 1970 y 1976 y, de igual forma, fue brutalmente torturado, ha explicado.

Tal y como se indica en el texto de las querellas presentadas, dichos delitos constituyen crímenes contra la humanidad porque formaban parte de un ataque planificado y sistemático contra la población civil, organizado por y desde los aparatos de la dictadura franquista para reprimir a la disidencia política de la época. Esto es, dichos ataques estaban dirigidos contra todas aquellas personas que ejercían oposición política al régimen, reclamando y requiriendo el reconocimiento de derechos fundamentales que hoy están reconocidos constitucionalmente.

La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), asegura en un comunicado que con la presentación de estas querellas se ofrece una nueva oportunidad en una doble vertiente: por un lado, «que la Fiscalía cambie y modifique el criterio mantenido hasta la fecha e informe favorablemente respecto a la admisión a trámite de dichas acciones».

Por otro lado, «que los jueces, de una vez por todas, dicten resoluciones, en estos casos, acordes con los estándares internacionales exigidos en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional, aplicando para ello la propia norma constitucional que así lo prevé en sus artículos 96 y 10.2 y, en consecuencia, investiguen y enjuicien este tipo de crímenes tal y como en su momento hicieron con los crímenes internacionales que fueron cometidos en otros países».

Ceaqua denuncia que las graves violaciones de Derechos Humanos «no pueden quedar impunes», que los crímenes denunciados son «inamnistiables e imprescriptibles«, y que la tipificación del crimen de lesa humanidad, con independencia de cuándo fuera incorporado como tal a nuestro derecho interno, se encontraba tipificado en el ámbito internacional con anterioridad a que sucedieran los hechos objeto de denuncia.

«Si a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista no se les reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, no obtendrán la correspondiente reparación integral que requiere estos casos y continuaremos manteniendo un déficit democrático insostenible», denuncian desde Ceaqua.

Medalla

El expolicía ha sido objeto también de polémica después de que, Pablo Iglesias, portavoz de Podemos en el Congreso exigiera al Gobierno de Mariano Rajoy la retirada de una medalla concedida durante la Transición, gracias a la cual ve aumentada la pensión considerablemente. En un enfrentamiento dialéctico entre el político de la formación morada y el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, éste aseguró que «nadie ha pedido la retirada de la medalla». Apenas unos días después se publicó una petición en change.org para pedir la retira de la medalla que ya cuenta con más de 280.000 firmas.

Y el 19 de junio, el Ministerio del Interior ya con Fernando Grande-Marlaska al frente tras la moción de censura que llevó al Gobierno al líder socialista, Pedro Sánchez, recibió 500.000 firmas de ciudadanos solicitando la retirada de la polémica medalla concedida en 1977.

Para el ministro, es “razonable” la retirada de la medalla, porque esas condecoraciones deben premiar “conductas ejemplares”, según dijo días después de tomar posesión de su cargo, en una entrevista concedida a la cadena SER.