El Supremo fija para el 18 de diciembre el inicio del juicio del procés
El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 18 de diciembre la vista del artículo de previo pronunciamiento (equivalente a las cuestiones previas) del caso del procés, donde se estudiará si el alto tribunal es competente para juzgar los hechos.
El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 18 de diciembre la vista del artículo de previo pronunciamiento (equivalente a las cuestiones previas) del caso del procés, donde se estudiará si el alto tribunal es competente para juzgar los hechos. Si se cumplen los plazos esperados, el juicio oral comenzará previsiblemente en el mes de enero.
El Tribunal Supremo ha establecido esta vista «al haber sido solicitada por las partes y con el fin de que puedan informar en la misma lo que a su derecho convenga». En la vista no estarán presentes, en principio, los procesados, pero sí las acusaciones, es decir, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, así como las defensas de los acusados.
Estas últimas alegarán que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar a los líderes independentistas porque sus supuestos delitos fueron cometidos en Cataluña, por lo que deberían ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Un día después de esta vista, según dicta la ley, cuando la Sala decida sobre las cuestiones previas planteadas, las defensas contarán con un plazo de 10 días para presentar sus escritos.
En el juicio del Tribunal Supremo por el caso del procés hay procesados 18 políticos, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio. Los acusados se enfrentan principalmente a tres delitos: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por los que podrían enfrentarse a hasta 30 años de cárcel.
En noviembre, la Fiscalía dio a conocer sus acusaciones para los políticos presos. Para Oriol Junqueras pide 25 años, 16 años para cada uno de los exconsellers presos y 17 para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, así como para Carme Forcadell. Por su parte, la Abogacía del Estado pedía penas mucho más bajas, de entre ocho y 12 años.
Estas acusaciones llegaron un día después de que la Abogacía del Estado decidiera desmarcarse de la Fiscalía y acusar a los líderes del procés de sedición y malversación, pero no de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes.