La Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por rebelión para los líderes del procés

Economía y capital

La Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por rebelión para los líderes del procés
Foto: EFE

La Fiscalía acusa a los líderes del proceso independentista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. Por su parte, la Abogacía del Estado ha solicitado 12 años de cárcel para Junqueras, 11 años y medio para cinco exconsellers, 10 años para Carme Forcadell y ocho años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición.

Este anuncio llega un día después de que la Abogacía del Estado decidiera desmarcarse de la Fiscalía y acusar a los líderes del proceso independentista de sedición y malversación, pero no de rebelión, por entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes. A pesar de que no considera que hubiera violencia, la Abogacía del Estado solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión debido a su «autoridad» al haber «inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno».

En el escrito, presentado ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita más pena para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para ejercer un cargo público. Para Sànchez y Cuixart, la Fiscalía también pide 17 años de inhabilitación además de la pena de cárcel, la misma pena que solicita para Forcadell.

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La Fiscalía pide 17 años de prisión para los Jordis. | Foto: Emilio Morenatti | AP

Además, ha acusado de un delito de rebelión al ex jefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y pide para él una pena de 11 años de cárcel. De esta manera, la Fiscalía agrava la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, que procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del referéndum del 1 de octubre y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

La Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el ex director de los Mossos d’Esquadra Pere Soler, así como para el ex secretario general de Interior César Puig. En cuanto a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, pide cuatro años de prisión.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno». Consideran que esto lo hicieron no en calidad de jefes, sino como «mandos subalternos», por lo que les piden 11 años de cárcel y los mismos años de inhabilitación absoluta.

Una vez presentados los escritos de calificaciones provisionales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista catalán encarrila la recta final de cara al juicio oral. El juicio finalizará previsiblemente en marzo y la sentencia llegará en el mes de junio, después de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

El Gobierno niega «un gesto» con los independentistas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros que la Abogacía del Estado «ha actuado con criterios de profesionalidad» y se ha basado en «parámetros técnicos y jurídícos» para tomar una decisión que se enmarca en la horquilla de tres posibles delitos: de sedición, de malversación de caudales públicos y de desobediencia grave a resoluciones judiciales.  «Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión relacionada con un debate abierto entre los profesionales del ámbito de la justicia», ha añadido la ministra.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que «como Gobierno, vamos a respetar el proceso en el que entra el proceso» y ha señalado que «es la primera vez que la Abogacía del Estado califican, no ha habido un cambio de posición».

Además, las ministras han asegurado que no ha habido una imposición de criterio por parte del Gobierno en la decisión de la Abogacía del Estado. «Nos mueve el respeto escrupuloso al respeto a la justicia y encontrar una salida dialogada con el Gobierno catalán», ha dicho Calvo.

Las penas que pide la Fiscalía 

Estas son las penas que solicita que la Fiscalía pide para los responsables del proceso independentista catalán:

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat: 25 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta por los delitos de rebelión y malversación

Joaquim Forn, exconseller de Interior: 16 años de prisión por rebelión y malversación y otros 16 años de inhabilitación absoluta.

Jordi Turull, exconseller de Presidencia: 16 años de prisión por rebelión y malversación y otros 16 años de inhabilitación absoluta.

Josep Rull, exconseller de Territorio y Sostenibilidad: 16 años de prisión por rebelión y malversación y otros 16 años de inhabilitación absoluta.

Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores: 16 años de prisión por rebelión y malversación y otros 16 años de inhabilitación absoluta.

Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo: 16 años de prisión por rebelión y malversación y otros 16 años de inhabilitación absoluta.

Meritxell Borrás, exconsellera de Gobernación: siete años y 16 años de inhabilitación absoluta por malversación y multa de diez meses con cuota de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.

Carles Mundó, exconseller de Justicia: siete años y 16 años de inhabilitación absoluta por malversación y multa de diez meses con cuota de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.

Santiago Vila, exconseller de Empresa: siete años y 16 años de inhabilitación absoluta por malversación y multa de diez meses con cuota de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.

Jordi Sànchez, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y excandidato a la Presidencia de la Generalitat: 17 años de prisión por rebelión y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, 17 años de prisión por rebelión y otros tanto de inhabilitación absoluta.

Carmen Forcadell, expresidenta: 17 años de prisión por rebelión y otros tantos por inhabilitación.

Además, la Fiscalía, que no pide penas de prisión para los otros miembros del Parlament encausados, solicita una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses para Lluis María Corominas, Luis Guinó Subirós, Anna Isabel Simó Castelló, Ramona Barrufet Santacana, Joan Josep Nuet Pujals y Mireia Boya Busquets.

Además, ha pedido penas para la cúpula policial del proceso independentista:

Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O: 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión.

Pere Soler, entonces director de los Mossos: 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión.

César Puig, exsecretario general de Interior de la Generalitat: 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión.

Teresa Laplana, intendente de los Mossos: 4 años de prisión por sedición y 5 años de inhabilitación especial para empleo público como mosso.