Zoido niega exceso policial el 1-O y mantiene que fue "una intervención proporcionada"

Tras las declaraciones del lehendakari Iñigo Urkullu, Gabriel Rufián, Albano Dante-Fachín y Ada Colau, le ha llegado el turno al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la segunda jornada de la fase testifical del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Zoido ha defendido que la jornada del 1 de octubre no hubo exceso policial. «Lo de excesos no lo comparto. Fue una intervención proporcionada dadas las circunstancias que se produjeron aquel día», ha respondido a las preguntas del abogado de Forn, Joaquim Melero, que ha abierto el interrogatorio.

Zoido ha explicado que se enviaron unos 6.000 agentes a Barcelona, pero no al mismo tiempo, como «auxilio» a los Mossos d’Esquadra y como «policía judicial», y que su misión era «mantener la vigencia de la Constitución y la soberanía nacional». No obstante, Zoido ha asegurado que el 1 de octubre cambia el criterio.  «Hay una instrucción en la secretaria de Estado de fecha del 29 de septiembre en la cual dice que los agentes van en apoyo a las unidades de los Mossos, pero que esto cambiaría en el supuesto caso de ineficacia o insuficiencia«.

En este contexto, el exministro ha reiterado que los Mossos no cumplieron con las previsiones a las que se habían comprometido de cara al referéndum. «El dispositivo que se puso era totalmente insuficiente y a las pruebas me remito», ha asegurado después que el abogado Xavier Melero haya pedido exhibir la instrucción judicial del día 29 de setiembre de 2017.

Zoido: «Ante un referéndum ilegal, el dispositivo de los Mossos era totalmente insuficiente»

Zoido ha denunciado que la cifra de Mossos destinada al referéndum (7.000) fue insuficiente para cumplir el mandato judicial y ha comparado ese número con los 12.000 que se movilizaron durante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017. Por su parte, Melero ha defendido la eficacia de los Mossos y ha señalado que de un total de 2.239 centro abiertos para la votación, la Policía solo consiguió cerrar 113. «Poca efectividad, creo yo».

La Fiscalía Superior de Cataluña dictó unas órdenes en las que se ordenaba precintar los colegios electorales con anterioridad al 1 de octubre. Esas órdenes quedaron invalidadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sin embargo, para cumplirlas se hubiesen necesitado 90.000 efectivos, según las estimaciones que cita el abogado Melero, que Zoido considera «una cifra exagerada».

Zoido sobre el operativo policial del 1-O: «Yo no di la orden de qué se tenía que hacer»

Zoido ha confesado que no conocía en detalle las limitaciones establecidas por el auto para las intervenciones policiales el 1 de octubre pero que seguro sí que las conocían los que estaban allí actuando. «He tenido por costumbre no entrar ni a diseñar ni a valorar los dispositivos policiales», ha afirmado, y ha defendido que el coordinador del dispositivo fue el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, por decisión del fiscal y la magistrada, y que «tenía relaciones estrechas con la Generalitat».

«Yo no di la orden de qué se tenía que hacer ni de cómo se tenía que hacer», ha defendido Zoido sobre el operativo policial del 1-O, y ha asegurado que las órdenes las dieron «los operativos, exclusivamente».

Tras el interrogatorio de Xavier Melero, ha llegado el turno de la fiscalía, representada por Consuelo Madrigal, que ha cuestionado a Zoido sobre los hechos del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economia. «Se podría haber protegido a la comitiva judicial de otra manera», ha afirmado  Zoido, que ha explicado que «no le constaba» que hubiera armas largas en los coches de la Guardia Civil.

Zoido: «Deben asumir la responsabilidad quienes alentaron y promovieron un referéndum que había sido prohibido»

El exministro ha atribuido al Gobierno catalán la responsabilidad de los hechos del 1-O por mantener la convocatoria del referéndum pese a los requerimientos. «Creo que el mantenimiento del referéndum iba a albergar problemas, pero manteníamos la esperanza de que recapacitaran», ha explicado, y ha asegurado que a él le trasladaban que «los Mossos cumplirían con las órdenes de la autoridad judicial y que impedirían el referéndum». En concreto, Zoido se ha referido al papel de Josep Lluís Trapero: «Parece ser que no era muy colaborador ante las órdenes del señor Pérez de los Cobos».

Madrigal le ha preguntado a Zoido si se barajó que se desconvocara el referéndum. «Se les pidió hasta el último momento que desconvocaran el referéndum, que era manifiestamente ilegal. Dijeron que no, que no se suspendía», ha explicado el exministro sobre la renuencia del Gobierno de Carles Puigdemont a abandonar el 1-O.

La fiscal ha vuelto a interrogar a Zoido sobre sus críticas a los Mossos por su supuesta pasividad ante el referéndum. «Con un despliegue fuerte de Mossos y el apoyo de 6.000 policías y guardias civiles se hubiese obtenido un mejor resultado», ha remarcado Zoido, que también ha querido dejar patente que el 1-0 hubo violencia ciudadana contra los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: «Hay hechos e imágenes que así lo acreditan. Se produjeron actuaciones violentas contra ellos».

Rosa María Seoane, representante de la abogacía del estado, ha preguntado a Zoido en qué momento se decidió intervenir en los colegios electorales el 1 de octubre. «Creo que pocos minutos antes de las nueve de la mañana tuvieron una llamada con los Mossos. La preocupación era porque se habían dado cuenta de que había pocos colegios que estuviesen en condiciones de que no hubiera ningún acto».

Zoido: «Policía y Guardia Civil se vieron obligados a hacer un uso racional de la fuerza para evitar un referéndum ilegal»

Tras la breve intervención de Seoane ha tomado la palabra la acusación popular, representada por el abogado de Vox Javier Ortega Smith, que ha interrogado a Zoido sobre la violencia «organizada» del 1-O. «La policía y la Guardia Civil se encontraron con concentraciones de personas. Posteriormente se ha demostrado en informes que estaban organizados para impedir que pasaran los cuerpos de seguridad del estado», ha detallado el exministro del Interior, que ha vuelto a defender  la actuación «destacada» y «proporcional» de la Policía.

A diferencia de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, Vox acusa a los líderes independentistas, también, de un delito de organización criminal.

Después de Ortega Smith han pedido la palabra las defensas. Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, ha preguntado a Zoido sobre la actuación policial «proporcionada» –según palabras del exministro–. «Tengo la información que me trasladaron, no estaba in situ. No sé si he visto todas las imágenes o me falta alguna», se ha defendido Zoido. En este contexto, Jordi Pina, abogado de las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha cuestionado a Zoido sobre si hubo golpes y violencia contra ciudadanos indefensos. «No lo se, he visto circunstancias y situaciones en las que se tenía que hacer uso de la defensa reglamentaria«, ha respondido el exministro.

Judit Gené, la abogada de Meritxell Borràs, ha preguntado a Zoido sobre qué es lo primero: la eficacia o la seguridad de agentes o ciudadanos. «Tiene que cumplir el fin que tiene que es que se impida la celebración de un referéndum que es ilegal y lo tiene que hacer primando la seguridad de las personas y velando por la integridad de la propia fuerza», ha sentenciado Zoido.

Domènech: «El 1 de octubre lo hizo inmenso el pueblo de Cataluña»

Tras más de dos horas de declaración de Zoido, y un receso de 15 minutos, le ha llegado el turno al exlíder de Catalunya en Comú y de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech, que ha respondido a la acusación popular, es decir a Vox, sobre  la jornada del 20 de septiembre y la concentración frente a la Conslleria de Economía. «El 20 de septiembre es un día aciago para todos», ha dicho: «El estado entró en una lógica de guerra. Hacía falta una respuesta unitaria del pueblo de Cataluña».

Tras la breve intervención de Domènech ha llegado el momento del secretario general de Trabajo de la Generalitat  Josep Ginesta​, que se ha negado a declarar y ha abandonado la sala. Ginesta puede negarse a declarar al estar imputado por estos mismos hechos en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

El secretario de Asuntos Sociales y Familia Francesc Iglesias​ era el siguiente en declarar, pero al surgir la duda de si continúa formando parte de otra causa por estos mismos hechos Manuel Marchena ha decidido suspender su declaración.

El último en comparecer este jueves ha sido el director del Catsalut  Adrià Comella, que como en el caso de  Josep Ginesta​, también está siendo investigado en otra causa por estos mismos hechos, por lo que se ha acogido a su derecho a no declarar.