WhatsApp demanda a una empresa israelí por hackear móviles de periodistas y activistas
El ataque alcanzó al menos a «100 defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil», expone la demanda
WhatsApp, propiedad de Facebook, ha presentado una demanda contra el Grupo israelí NSO fabricante de software para vigilancia, alegando que la empresa estaba detrás de ataques cibernéticos que infectaban los dispositivos con software malicioso.
«WhatsApp ha presentado una querella en una corte de Estados Unidos que atribuye el ataque (de mayo) a una compañía de spyware llamada NSO Group y su compañía matriz Q Cyber Technologies», ha explicado en un comunicado el proveedor de mensajería.
El servicio de mensajería cifrada WhatsApp detectó en mayo una vulnerabilidad en su sistema que permitió la instalación de software espía en teléfonos para así acceder a datos de los dispositivos.
El «spyware» o software espía instalado «se asemeja» a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad israelí NSO Group, lo que ha llevado a WhatsApp a situarla en su momento como principal sospechosa.
Tras una investigación, WhatsApp cree ahora que el ataque alcanzó al menos a «100 defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, lo cual es un patrón inconfundible de abuso», por lo que la demanda presentada este miércoles busca «una orden judicial permanente que prohíba a NSO usar el servicio».
«Debe haber una fuerte supervisión legal de las armas cibernéticas como la utilizada en este ataque para garantizar que no se usen para violar los derechos y libertades individuales que las personas merecen en cualquier parte del mundo», ha argumentado WhatsApp.
Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han demandado también a la compañía para que Israel cancele la licencia de exportación de esta firma, proveedora de servicios que considera «se han utilizado en terribles ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo».
«NSO Group vende sus productos a gobiernos conocidos por indignantes abusos contra los derechos humanos, a los que proporciona así herramientas para rastrear a activistas y personas críticas con ellos«, ha declarado Daniela Ingleton, directora adjunta de cuestiones tecnológicas de AI.
La empresa ha asegurado que su tecnología «está autorizada a agencias de gobierno y con el único propósito de combatir el crimen y el terrorismo» y ha alegado que no está involucrada en el uso de sus productos tecnológicos una vez fueron vendidos a sus clientes.