Sri Lanka ha anunciado que prohibirá el burka (velo integral musulmán) y que aplicará una severa legislación antiterrorista para luchar contra el extremismo islamista, incluida la detención de hasta dos años para «desradicalizar» a un sospechoso.
En contexto: el uso del velo integral ya había sido suspendido temporalmente en abril de 2019 tras una serie de atentados con bomba durante el domingo de Pascua atribuidos a yihadistas locales.
Estos ataques tuvieron lugar en varias iglesias y hoteles en Sri Lanka y mataron a más de 260 personas. Dos grupos musulmanes locales que habían prometido lealtad al grupo Estado Islámico fueron culpados de estas ataques que tuvieron lugar en seis lugares: dos iglesias católicas romanas, una iglesia protestante y tres importantes hoteles.
El burka, que cubre a la mujer de pies a la cabeza, «es algo que afecta directamente a nuestra seguridad nacional», ha declarado el ministro de Seguridad Pública, Sarath Weerasekera, asegurando que esta vestimenta, que «llegó a Sri Lanka recientemente», es un símbolo del «extremismo religioso». Ahora, la prohibición definitiva tiene que ser aprobada por el parlamento, donde el Gobierno dispone de una amplia mayoría.
Weerasekara también dijo que el gobierno prohibirá más de 1.000 madrasas, debido a que no están registradas y no siguen la política nacional de educación.
Así, la decisión de prohibir los burkas y las madrasas es la última medida que afecta a la minoría musulmana de la nación isleña del Océano Índico.
Los musulmanes representan aproximadamente el 9% de los 22 millones de personas en Sri Lanka, donde los budistas representan más del 70% de la población. Los tamiles de minorías étnicas, que son principalmente hindúes, comprenden alrededor del 15% de la población.
Así, el presidente, Gotabaya Rajapaksa, promulgó las reglas que permiten la detención de cualquier sospechoso que cause «actos de violencia o que perturbe el clima religioso, racial o comunitario».
El decreto se basa en la severa legislación antiterrorista del país, que ha sido denunciada por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.
Rajapaksa llegó al poder bajo la promesa de combatir el radicalismo islamista.
