El Supremo ordena a los juzgados investigar las muertes de ancianos en residencias

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite las 30 denuncias y 20 querellas presentadas durante los últimos meses contra el Gobierno por su gestión durante la crisis del coronavirus, entre ellas la muerte de ancianos en residencias. Este órgano ha considerado que no está debidamente justificada la autoría de los hechos denunciados y ha acordado remitir la investigación a los juzgados ordinarios.

Las cifras: el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las residencias de España supera las 24.000 después del estallido de la pandemia, según datos de las comunidades autónomas.

Los magistrados han señalado que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo para que decida al respecto.

La Sala, además, ha advertido que la calificación jurídico-penal de un hecho «no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia en la que todavía nos encontramos inmersos, ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas». También ha aclarado que «una resolución de archivo acordada por esta Sala no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal».

«Solo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las querellas formuladas contienen elementos suficientes para concluir, al menos indiciariamente, que las personas aforadas podrían haber incurrido en alguna conducta tipificada en la ley como delito», han añadido los magistrados.

Además de la gestión de la residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia[contexto id=»460724″], entre las querellas y denuncias también se encontraban otras como la investigación por la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías o la contratación de material fallido. En los hechos imputados los aforados que se han mencionado han sido, en concreto: el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y el resto de ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, el Defensor del Pueblo. También se encontraba en la lista la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.