El Supremo confirma la prisión preventiva para Forcadell, Romeva, Turull, Rull y Bassa

El Tribunal Supremo ha confirmado la prisión preventiva para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. El alto tribunal confirma que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, por lo que es correcta la imposición de la prisión preventiva contra ellos adoptada por el juez del caso abierto por el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, según el auto judicial divulgado este jueves.

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por la expresidenta del Parlament y los exconsellers contra el auto del magistrado Pablo Llarena del pasado 23 de marzo, que acordaba la prisión provisional para todos ellos. Los tres magistrados que forman la Sala de Recursos han confirmado «que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, este último derivado de los indicios de delito contra ellos que han determinado su procesamiento».

El auto judicial destaca que, entre las circunstancias personales de los recurrentes, «no puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo», pues considera que estos elementos han permitido a los que ya se han fugado de la Justicia «mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España».

Además, el tribunal recuerda la dificultad que está teniendo la justicia española para lograr la entrega a España de los exconsellers fugados a diversos países de la Unión Europea, así como del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por lo que consideran necesario evitar que los acusados salgan de España. 

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el auto judicial señala que la conducta de Forcadell y los exconsellers «no ha consistido en un acto aislado, sino en la participación constante y relevante, como miembros del Gobierno y del Parlamento de una Comunidad Autónoma, en un plan que se desarrolló a lo largo de un periodo cercano a los dos años». Además, asegura que este plan se mantuvo incluso «después de los episodios de violencia y de los tumultos que tuvieron lugar el 20 de septiembre con ocasión de los intentos de evitar, con el concurso de la fuerza física, que se diera cumplimiento a resoluciones judiciales de entrada y registro en dependencias oficiales de la Generalitat».

A todas estas razones, el auto judicial añade que no existen indicios de que los recurrentes hayan abandonado la idea de «forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley».

Entre otros aspectos, el auto judicial contesta al recurso de Jordi Turull, en el que dice que no había precedentes en la reciente historia de un diputado propuesto como candidato a la presidencia de un gobierno democrático que hubiese sido privado de su libertad en mitad del proceso de investidura, que tampoco «existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado democrático, los miembros de una Comunidad Autónoma (…) se hayan alzado contra la Constitución del Estado, contra la ley que asegura y regula su autonomía y contra  el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus pretensiones».