Colombia da una segunda oportunidad a la paz
Tras un plesbicito que no fue respaldado por un abrumador sí, como se esperaba, el Gobierno de Colombia tuvo que renegociar el acuerdo de paz para responder a las demandas de los partidarios del «no», que estaban encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe. La renegociación del texto puso de manifiesto la fractura evidente entre dos sectores de la élite política y una sociedad que oscila entre el perdón y el castigo. El texto finalmente aprobado, esta vez por el Senado y el Congreso, mantiene el modelo de justicia transicional que permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad. Así, la Ley de Amnistía aprobada dará seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entreguen las armas. La iniciativa recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros. Además, las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes de antemano y un reporte detallado sobre su participación en el narcotráfico. Sin embargo, se mantiene uno de los puntos más criticados por los partidarios del ‘no’, las garantías para que los exguerrilleros depongan las armas y puedan hacer política. Sin embargo, la paz no se instalará definitivamente en territorio colombiano mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses.
Reuters
2016 ha sido un año crucial para Colombia. La guerra mantenida entre el Estado colombiano y las FARC durante 52 años ha llegado a su fin tras la firma de un polémico acuerdo de paz que ha evidencia la fractura de un país que no olvida el daño y la sangre derramada. Las negociaciones mantenidas entre Gobierno y guerrilleros durante cuatro años ha dado forma a un texto que pretende reconstruir un país fracturado por un enfrentamiento armado que acumula 260.000 muertos y casi ocho millones de víctimas.
Tras un plesbicito que no fue respaldado por un abrumador sí, como se esperaba, el Gobierno de Colombia tuvo que renegociar el acuerdo de paz para responder a las demandas de los partidarios del «no», que estaban encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe. La renegociación del texto puso de manifiesto la fractura evidente entre dos sectores de la élite política y una sociedad que oscila entre el perdón y el castigo. El texto finalmente aprobado, esta vez por el Senado y el Congreso, mantiene el modelo de justicia transicional que permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad. Así, la Ley de Amnistía aprobada dará seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entreguen las armas. La iniciativa recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros. Además, las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes de antemano y un reporte detallado sobre su participación en el narcotráfico. Sin embargo, se mantiene uno de los puntos más criticados por los partidarios del ‘no’, las garantías para que los exguerrilleros depongan las armas y puedan hacer política. Sin embargo, la paz no se instalará definitivamente en territorio colombiano mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses.
