Bruselas activa el proceso legal para retirar a Polonia el derecho a voto en la UE
La Comisión Europea (CE) ha puesto este miércoles en marcha el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la Unión Europea debido a sus polémicas reformas del sistema judicial, que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho.
La Comisión Europea (CE) ha puesto este miércoles en marcha el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la Unión Europea debido a sus polémicas reformas del sistema judicial, que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho.
«La Comisión ha concluido hoy que hay un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho en Polonia» y «propone al Consejo que adopte una decisión en el marco el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea», ha indicado la CE en un comunicado.
El vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, ha recordado las invitaciones al diálogo que Bruselas ha emitido durante los últimos dos años y ha señalado que las decisiones adoptadas por el Gobierno polaco «ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial» en el país.
Las reformas, impulsadas por el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS), de corte conservador, permiten al ministro polaco de Justicia, quien también ejerce de fiscal general, el nombramiento de magistrados en tribunales regionales y de apelación, entre otros cambios.
«El trazo común de estas reformas es que los poderes legislativos se establecen de tal manera que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y el funcionamiento de estas autoridades (judiciales), haciendo que la independencia judicial sea inexistente«, ha indicado Timmermans, quien también es el comisario europeo competente en temas sobre Estado de derecho. El político holandés ya advirtió de la preocupación que causaban en Bruselas estas polémicas reformas a través de tres advertencias y recomendaciones hacia las autoridades polacas en 2016 y 2017. Varsovia no las tuvo en cuenta.
«Lo hacemos con mucha pesadumbre. La CE inicia el artículo porque no había otra elección», ha subrayado Timmermans, que ha recordado que «la fuerza de la UE la igualdad ante la ley garantizada para todos». También ha declarado que sabía que «algunos intentarán venderlo como ataque a la nación o al pueblo polaco».
Por su parte, el Gobierno polaco ha calificado de «político» el este proceso legal abierto por la Comisión. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha mostrado dispuesto al dialogar con Bruselas, pero ha indicado que quiere «continuar con la reforma de su sistema judicial» porque el gobierno se lo debe a sus «votantes», según un comunicado.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha afirmado en su cuenta de twitter que «Polonia está comprometida con el estado de derecho tanto como la UE». Además, apostado por un diálogo «abierto y sincero» que reconcilie «la soberanía» de su país con la idea de una Europa unida.
Poland is as devoted to the rule of law as the rest of the EU. Current judiciary reform is deeply needed. The dialogue between the Commission and Warsaw needs to be both open and honest. I believe that Poland’s sovereignty and the idea of United Europe can be reconciled.
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 20, 2017
Según el Ministerio de Exteriores polaco, la decisión «daña innecesariamente las relaciones bilaterales» y puede hacer «difícil» lograr la confianza y entendimiento mutuo que necesitan Varsovia y Bruselas para buscar una solución.
El caso queda ahora en manos de los países europeos, que tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar a la posición de Polonia, votarán si constatan «la existencia de un riesgo claro de violación grave» de los valores del Estado de derecho.
Hungría también ha tachado de político el proceso abierto y ha amenazado con bloquearlo. «La decisión viola severamente la soberanía de Polonia. Es inaceptable que Bruselas presione a países soberanos y castigue a Gobiernos electos democráticamente», ha asegurado el viceprimer ministro húngaro, Zsolt Semjén.
El Gobierno húngaro y su primer ministro, el nacionalista Viktor Orbán, han sido criticados varias veces por la UE desde que llegó al poder en 2010 por limitar la democracia y adoptar medidas contrarias a la legislación comunitaria. Budapest y Varsovia se apoyan mutuamente en las discusiones con Bruselas y han formado un frente común, junto a Eslovaquia y República Checa y, más recientemente, Austria contra la política de reparto solidario de refugiados en los países comunitarios, informa EFE.
