La Abogacía del Estado y varias ONG instan a investigar los delitos de odio contra los menas

La Abogacía del Estado y varias organizaciones dedicadas a la infancia, como Unicef y Save the Children, entre otras, han instado este jueves a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a que investiguen posibles delitos de odio contra los Menores Extranjeros No Acompañados (menas) que llegan a España.

Unicef, Save the Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a estas dos instituciones para mostrarles «su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los menas.

Según estas organizaciones, en los últimos meses se han dado numerosos casos en los que «se ha criminalizado a estos niños, niñas y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos».

Estas organizaciones han constatado que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio «están calando en la sociedad». consideras, asimismo, que manifestaciones o actos de naturaleza política, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid «vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana».

. @unicef_es @SaveChildrenEs @f_raices @platdeinfancia y @Abogacia_es instamos a la Fiscal General del Estado y al @DefensorPuebloE a que investiguen posibles delitos de odio contra los niños y niñas que llegan solos a España https://t.co/98puftAQ7U

— Abogacía Española (@Abogacia_es) November 14, 2019

Las ONG insisten en que «en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que ‘niño migrante no acompañado’ es sinónimo de delincuente o de problema de orden público».

Hacen hincapié además en que una afirmación general sobre su criminalidad «vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España».

Las manifestaciones y los «actos de contenido político» en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone, a juicio de las ONG, “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas», contraria al artículo 16 de la Convención. Este artículo dice que «ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques».

las ONG y Abogacía recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores. Este artículo prevé además expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.

Estos discursos, según dicen, «ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio», como los que, según los testimonios que han llegado a Fundación Raíces, han ocurrido en las últimas semanas y han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.

Las organizaciones piden a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio.

Por ello, las ONG y la Abogacía urgen a las instituciones competentes a tomar las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo.

Exigen además «seriedad y rigor» en el tratamiento de este tema, y en especial, les solicitan que adopten medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, «ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro».