Torra reconoce que desobedeció a la Junta Electoral
La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat por el caso de los lazos amarillos
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos[contexto id=»381726″] de edificios públicos en periodo electoral porque era «ilegal» y de «imposible» cumplimiento: «Sí, la desobedecí». A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: «No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia».
Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos, durante la campaña de las generales del pasado 28A.
Torra ha rechazado, eso sí, responder a las preguntas del ministerio fiscal y a las de la acusación popular, ejercida por Vox[contexto id=»381728″], durante su interrogatorio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusado de un delito desobediencia, informa Efe. Al inicio de la declaración de Torra en la sala, el presidente de la Generalitat ha anunciado que no iba a responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida por Vox, puesto que se trata de un «partido franquista». «Este país ha sufrido cuarenta años de dictadura fascista y no responderé» a las preguntas de Vox.
En este punto, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha advertido a Torra de que no le permitiría «ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a ninguna de las partes» que forman parte de este juicio: «No voy a permitir este tipo de descalificaciones», ha reiterado. El presidente de la Generalitat ha esgrimido que sus argumentos para rechazar las preguntas de la acusación popular «no son ninguna descalificación», y ha avanzado también que tampoco iba a responder al interrogatorio del ministerio fiscal.
Torra ha reconocido, eso sí, La defensa de Torra ha pedido la nulidad de la causa por desobediencia, al cuestionar la imparcialidad de la instrucción y del tribunal, y que en caso de que el juicio siga adelante, se suspenda para que testifiquen miembros de la Junta Electoral Central, informa Efe.
Juicio por desobediencia
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña del 28A, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación, informa Efe. Torra es el tercer presidente catalán consecutivo en ser juzgado por su papel en el proceso independentista.
El presidente catalán, que sopesó no acudir al juicio cuando inicialmente se señaló para un día que coincidía con un pleno del Parlament, llegará al Palau de Justicia arropado por varios de sus consejeros, tanto de JxCat como de ERC, así como por los líderes de las entidades soberanistas, que han hecho un llamamiento a concentrarse en su apoyo. Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la Justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de Gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarlo de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme.
La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condene al presidente catalán por desobediencia, Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara. El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En caso de que se hubieran convocado elecciones antes de que la condena fuera firme, nada le impediría presentarse como candidato.
Con ocasión de su declaración como investigado, el pasado mes de mayo, Torra admitió ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla «ilegal» porque se debía a un «mandato superior» de la ciudadanía.
