Revolución digital: cuenta atrás para Europa
La falta de inversión y el exceso de regulación lastran los esfuerzos de la UE para alcanzar a EE UU y China
Ilustración de Alejandra Svriz.
Un concepto clave para entender la escena digital mundial de nuestros días es el de «tecnologías de uso general». En un estudio de 2024, la OCDE identificaba las más importantes de los siglos XX y XXI: electricidad, computación, internet e inteligencia artificial. Viendo estos ejemplos, es claro que estamos ante tecnologías que hacen posibles casi todas las demás. Por cierto que la inclusión de la inteligencia artificial en este elenco sirve para algo más, pues sigue sin ser generalizadamente claro que la inteligencia artificial esté aquí para quedarse. Como vemos, la OCDE piensa que sí.
EEUU y China lideran hegemónicamente las dos tecnologías de uso general más características de nuestro tiempo. EE UU ejerce un dominio decisivo y preponderante sobre internet: 63 de las 100 mayores empresas tecnológicas del mundo son estadounidenses, frente a nueve chinas y nueve de la Unión Europea, sus inmediatas seguidoras.
Conjuntamente, los EEUU y China ejercen ese mismo dominio sobre la inteligencia artificial. Así lo prueban datos de diciembre de 2024 del Emerging Tech Observatory de la Universidad de Georgetown, referidos a los diez últimos años. Sucede en investigación, pues los trabajos chinos y estadounidenses, con más de 26 millones de citas, reúnen casi el mismo número que la suma de las de los trabajos de investigación de los 25 países que les siguen. También en patentes concedidas, pues con 224.000 entre los dos países, suman más de cuatro veces más que el resto del mundo junto. Igualmente en financiación de startups dedicadas a la inteligencia artificial: entre los EEUU y China recaudaron más de 860.000 millones de dólares, más del doble que todos los demás países del mundo juntos.
La irrupción de DeepSeek, el ya bien conocido modelo de IA chino, entrenado con apenas seis millones de dólares, y rendimiento comparable al de los modelos líderes estadounidenses, no hace sino acentuar esta hegemonía. Eso sí, es muy pronto para calibrar si el ahorro de energía de este modelo es realmente el que inicialmente se ha predicho (análisis preliminares de MIT lo dudan). También si, gracias a operar con código abierto, terminará por ofrecer oportunidades más allá de Silicon Valley para desarrollar modelos propios, a presupuestos que no exijan cientos de millones de dólares. O para ponderar su resistencia a ciberataques, o si datos de ciudadanos occidentales, europeos en particular, deben y pueden alojarse en China, a pleno alcance de sus nada democráticas autoridades (cosa que por supuesto debe darse por garantizada, pues acreditada ha quedado la docilidad de DeepSeek a las leyes de ese país).
No se puede negar que la inteligencia artificial presenta riesgos muy serios. De ahí que llevemos algunos años siendo conscientes de la necesidad de hacerles frente. Autores como Suleyman sugieren soluciones de índole tecnológica, organizativa o incluso educativa; también regulatoria, como bienvenido «primer paso». De hecho, comienzan a abundar los países o regiones que se lanzan a la regulación de la inteligencia artificial (China, EEUU hasta Trump, Reino Unido o Corea, entre otros), con la Unión Europea como gran modelo, a través de una Ley de IA muy extensa y de manejo muy complejo, reforzada además con severas sanciones.
«La Unión Europea jamás logrará competir con EEUU y China si sigue centrada en la regulación»
La Unión Europea, sin embargo, jamás logrará competir con los dominadores hegemónicos, EEUU y China, si sigue centrada en la regulación. Lo prueban a las claras las cifras de nuestro más que notable atraso en materia digital, muchas de ellas obrantes en el bien conocido Informe Draghi de septiembre de 2024, que ha hecho de esta cuestión una de sus piedras angulares. La UE no cuenta con ningún clúster de innovación entre los 10 mayores del mundo, frente a los cuatro de los EE UU o los tres de China. Según datos de Stanford University, en 2023, había 61 modelos de inteligencia artificial significativos que procedían de los EE UU; de la Unión Europea solo procedían 21, frente a 15 de China.
Como acredita un estudio promovido por la Comisión Europea (Testa, Compañó, Correia y Rückert, 2022), 40 de los 147 unicornios creados en la Unión Europea, entre 2008 y 2021 emigraron a otros países, 32 de ellos a los EEUU. De las diez mayores empresas en tecnología cuántica, que aún no es una tecnología de uso general, pero que se prevé pueda llegar a serlo en unos 20 o 30 años, cinco son estadounidenses y cuatro proceden de China, frente a ninguna de la Unión Europea (Informe Draghi). Finalmente, como también acredita este informe, la renta disponible en los EEUU creció el doble que la de la Unión Europea entre 2000 y 2024, siendo decisivo a este efecto el peso de la tecnología digital.
Mientras tanto, en la Unión contamos con más de 100 normas en materia digital y más de 270 reguladores. La propia Comisión Europea ha estimado en un mínimo de 100.000 euros el coste que empresas de más de 50 trabajadores deberán asumir para implantar nuestra normativa sobre inteligencia artificial. Como reconoce el informe Draghi, el 60% de las empresas europeas consideran que la regulación es un obstáculo para su inversión, pero para el 55% de las pequeñas y medianas, se trata del obstáculo mayor.
Los riesgos generan inquietud, qué duda cabe, y por ello se deben afrontar. Aunque es clave un salto de audacia, para poner mucho más acento que hasta ahora en las oportunidades de la inteligencia artificial y de la revolución digital. Existen opciones realistas. El gobernador demócrata de California Gavin Newsom vetaba en el otoño de 2024, una propuesta de regulación de los modelos de inteligencia artificial de perfil muy semejante al europeo. El mensaje de veto no tiene desperdicio. Las razones que Newsom aducía eran que California alberga a la gran mayoría de empresas líderes mundiales en este campo, que ni él ni su Estado han dudado tampoco en regular riesgos específicos y bien identificados, como por ejemplo, en materia de desinformación, o de consumo, o de protección de menores.
«La clave está en aumentar la inversión en innovación y desarrollo en materia de tecnología digital»
Sin embargo, no parecía razonable regular riesgos abstractos, máxime cuando, a la postre, el funcionamiento de los modelos no se termina de comprender bien ni siquiera por los propios tecnólogos. En esta misma última idea ha incidido en diciembre de 2024 Arati Prabhakar, quien hasta la llegada de Trump, ocupaba nada menos que el puesto de directora de la Oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca. La cito literalmente: «Esa regulación vetada era la expresión de un deseo sobre cómo evaluar la seguridad, pero en realidad simplemente no sabemos cómo se hace eso. Nadie lo sabe. No es un secreto, es un misterio».
Se dirá, sin embargo, que la Unión Europea ya no parte de cero, como lo hacía California para regular modelos de inteligencia artificial. Aquí heredamos un acervo regulatorio de gran amplitud y complejidad. ¿Qué cabe hacer? Draghi propone simplificar. En un documento titulado La brújula de la competitividad, que se daba a conocer a finales de enero de 2025, la Comisión Europea recoge este guante, si bien no aún en forma de adelgazamiento del acervo normativo, sino de mero aligeramiento de trámites burocráticos para empresas pequeñas y medianas. No basta a mi juicio, aunque desde luego vuelve a ser un primer paso. Desde aquí propongo otro más, que no solo vinculase a la Comisión, sino también a otras instituciones y órganos de la Unión (en especial el Tribunal de Justicia), y a las autoridades regulatorias nacionales: se trataría de interpretar el acervo de un modo mucho más abierto a la innovación de lo que hasta aquí se ha hecho.
En realidad, hasta aquí se ha hecho básicamente lo contrario, interpretar y aplicar las normas europeas, las de privacidad sin ir más lejos, de modo mucho más próximo al maximalismo que a la necesidad de ser competitivos en unas tecnologías que no solo encierran la llave de la prosperidad económica, sino también de la promoción de derechos (en cuanto por ejemplo pudieran emplearse, se emplean por supuesto ya, para mejorar la salud). Si las normas deben interpretarse conforme a la realidad a la que deben ser aplicadas, la actual parece comenzar a ser una de mayor sensibilidad a la competitividad y a la innovación.
Por otro lado y, sin duda, la clave está en aumentar la inversión en innovación y desarrollo en materia de tecnología digital. El mencionado documento de la Comisión Europea La brújula de la competitividad lo refleja a las claras. Comienza a hablarse también, en este caso en foros meramente aledaños a la administración de Bruselas (así Andrea Renda desde el CEPS), de la conveniencia de crear una suerte de «CERN para la inteligencia artificial» (como se sabe, en el CERN nació la world wide web, aplicación estrella de Internet); o de crear un gran modelo de lenguaje europeo. Eso sí, las cifras que hasta ahora se han venido barajando, de hasta 100.000 millones de euros, no son sino la quinta parte de los 500.000 millones de euros que la nueva administración norteamericana anunciaba apenas llegada al poder.
«España ocupa el puesto 69 del mundo en el índice sobre el vínculo entre universidad y empresa»
¿Y España? ¿Dónde estamos en estos campos? Conforme a datos del índice de innovación más prestigioso del mundo, el Global Innovation Index, que elabora la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nuestro país ocupa la posición 28 en lo que a innovación se refiere. Somos fuertes en infraestructuras, en particular, infraestructuras sostenibles, pues, ocupamos el puesto número 15 a escala global. También en I+D empresarial, de nuevo puesto número 15, si bien debemos tener en cuenta que, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023, tan solo el 0,2% de las empresas españolas, que son las que cuentan con más de 250 empleados, invierten el 60% de las cantidades dedicadas a I+D por parte de nuestras empresas. También somos fuertes en áreas como el conocimiento, pues nuestra investigación, si tenemos en cuenta las citas como índice de calidad, ocupa el puesto número 12 del mundo; en diseño, esa suerte de «combinación de arte y tecnología», en palabras del filósofo Eric Sadin, donde ocupamos el puesto número 13; mientras que nos situamos en el número 17, en lo que se refiere a esa suerte de «patentes light» que son los modelos de utilidad.
Somos, sin embargo, débiles en educación, puesto 68 del mundo, dado que solo el 21% de nuestros titulados superiores lo son en las llamadas materias STEM; y porque también es muy débil, el vínculo que existe en España entre universidad y empresa, aquí ocupamos el puesto número 69, cuando según Philippe Aghion, y está sobradamente acreditado, «sin Stanford University no hay Silicon Valley». Además, solo ocupamos el puesto 52 en materia de financiación de startups. Y el puesto número 103, realmente deficiente, en lo que al crecimiento de nuestra productividad laboral se refiere.
¿Qué recetas cabrían para nuestro país ante esta situación? Ante todo, y como es obvio, elevar nuestra inversión en I+D. De nuevo según datos del INE de 2023, nuestra inversión en investigación y desarrollo se eleva al 1,49% de nuestro PIB, cuando el líder mundial, Israel, invierte cuatro veces más (el 6%). Aquí es crucial, por supuesto, la inversión empresarial, que en nuestro país se eleva al 56% del total. Si bien las empresas raramente invierten en investigación básica (caldo de cultivo de la innovación general), si no es como estadio inicial para la investigación aplicada, puesto que aquella puede terminar generando externalidades que beneficien a sus competidores; de ahí el papel capital de Estado y universidades en la inversión en investigación básica (Aghion).
Esa mayor inversión debiera redundar en el refuerzo de nuestros centros de excelencia, ya se trate de clústeres (Madrid es el número 48 del mundo), de centros de supercomputación (el Marenostrum de Barcelona está entre los 10 mayores del mundo), o de universidades (nuestras cinco mejores en inteligencia artificial, que son las politécnicas de Cataluña, Madrid y Valencia, y las universidades de Granada y País Vasco se encuentran entre las 170 más avanzadas del mundo). Y esa mayor inversión debiera también reforzar la colaboración entre la universidad y la empresa, que aunque ha mejorado sustancialmente en décadas recientes, es patente arrastra retraso. En este capítulo sería muy importante incluir a la Defensa.
«España dedica a I+D de Defensa en torno al 0,01 % del PIB, según la OCDE, casi 40 veces menos que EE UU»
El llamado Programa Coincidente del Ministerio de Defensa no invierte en la actualidad sino dos millones de euros anuales en colaboración con empresas y universidades, cantidad que es obvio, resulta claramente mejorable; como también la cantidad global que España dedica a I+D de Defensa en torno al 0,01% del PIB, según la OCDE, casi 40 veces menos que los EE UU (0,38%), aunque también menos de la mitad de la media de un entorno más comparable, como es la UE (algo más del 0,025%). El Banco de España hace notar en un estudio de 2024 cómo un mayor gasto de I+D en Defensa, no solo genera beneficios geopolíticos (bien necesarios por cierto hoy en día), sino que redunda también en un mayor crecimiento económico general.
Otra línea muy útil, también basada en ejemplos externos como es el caso de los Países Bajos y su empresa ASML, líder mundial en semiconductores, es la de potenciar «industrias-nicho», en las que resultemos especialmente competitivos. Un caso claro son las llamadas tecnologías energéticas limpias (clean tech), en las que empresas como Iberdrola o Gamesa-Siemens son líderes mundiales.
El principal campo de acción para España no puede ser aquí otro que el de la Unión Europea. Un enfásis decidido en estas posibles líneas de acción nos permitiría, no solo seguir a otros, sino liderar en inteligencia artificial y tecnología digital. Nuestro perfil político y social, nuestro peso económico y nuestras potencialidades en este campo, van más allá de aconsejarlo: hacen de ello una verdadera necesidad.
