Un millón de 'gamers' se rebela contra los fabricantes: «Dejen de matar videojuegos»

Una campaña ciudadana para que los videojuegos dejen de tener fecha de caducidad ha conseguido sumar casi un millón y medio de firmas. La iniciativa, presentada a la Unión Europea, concluyó el pasado jueves tras un año de recogida de apoyos y ha logrado su objetivo de firmantes y los impulsores están ahora a la espera de las medidas que adopte Bruselas, puesto que desarrolladores, distribuidores y plataformas se han resistido a adoptar estos cambios por su propio pie.

El Parlamento Europeo deberá debatir la propuesta, que plantea legislar para impedir que se vendan licencias que en realidad, denuncian, son un alquiler, ya que pasado un tiempo, las compañías dejan de dar soporte técnico y mantenimiento a los juegos antiguos. Esgrimen que no hacerlo conllevaría un sobrecoste para mantener los servidores, pero desde el movimiento Stop Killing Games (dejen de matar videojuegos) denuncian que el objetivo real es dejar obsoletas las versiones antiguas para obligar a los consumidores adquirir los nuevos productos que llegan al mercado. Además del youtuber Ross Scott, quien lo inició, el proyecto cuenta con el respaldo del vicepresidente del Parlamento Europeo Nicolae Ștefănuță, representante rumano de los Verdes-Alianza Libre Europea.

España ha quedado en el podio de países donde más interés ha despertado este planteamiento. Los jugadores alemanes han sido los más activos con 306.399 firmas, seguidos de los polacos (156.463) y los españoles (127.456), que han superado con creces la meta de 42.000. A escala europea, se ha recibido un total de 1,448,270 apoyos, ligeramente por encima del objetivo que se habían fijado los activistas digitales, que, conscientes de que en este tipo de campañas en línea a menudo se cuelan identidades falsas o repetidas, dieron ese margen para asegurarse de que se contaba con al menos un millón de personas auténticas.

La iniciativa también ha cogido un peso significativo en Francia (173.146 firmas), Países Bajos (93.938), Italia (79.824), Suecia (73.244), Finlandia (59.368), Rumanía (41.136), Dinamarca (38.944), Irlanda (36.753), Portugal (33.372), Bélgica (32.081), Chequia (27.398), Eslovaquia (20.405), Hungría (27.316), Austria (22.541), Grecia (21.575), Lituania (15.059), Bulgaria (14.714) y Croacia (14.650). En cambio, apenas se han conseguido unos miles de firmas en Eslovenia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Letonia o Estonia, a veces llamada e-Estonia por su avanzada digitalización.

Si bien la mayoría de videojuegos sigue funcionando indefinidamente como ocurría antiguamente, el grupo Stop Killing Games lamenta que cada vez son más los que impiden jugar una vez la compañía interrumpe el mantenimiento. En muchas ocasiones es el modo multijugador online el que pasa a mejor vida, ya que necesitan estar respaldados por un servidor, pero en algunos casos no se puede acceder a ninguna funcionalidad, por lo que los consumidores pierden su compra sin otra alternativa que pagar la nueva versión.

La campaña ha cogido tanta fuerza que varias organizaciones ya han comentado públicamente el asunto para defender su punto de vista, aunque sin comprometerse a dejar de sacrificar sus productos viejos. Los impulsores de la recogida de firmas están convencidos de que a las compañías no les interesará tomar ninguna medida que pueda disminuir sus beneficios, a menos que se vean forzados por una nueva directiva de Bruselas.

La patronal Video Games Europe, que representa los intereses de las grandes multinacionales del sector, ha expresado públicamente su rechazo a la iniciativa ciudadana, agradeciendo la “pasión” de la comunidad de jugadores, pero defendiendo el derecho de las empresas a interrumpir el servicio cuando ya no es rentable comercialmente. La dirección de Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance), firma demandada por Stop Killing Games, también ha trasladado a los accionistas su oposición a la propuesta, ya que asegurar disponibilidad las 24 horas del día exige recursos, de modo que las firmas se limitan a proporcionar un servicio que en algún momento puede ser interrumpido, algo sobre lo que consideran que existe claridad.

Parte del conflicto radica en que los videojuegos han pasado de ser discos a la venta a ser programas que se adquieren en línea en plataformas como Steam o las propias de consolas como Xbox o Play Station, por lo que han pasado de ser percibidos como una propiedad a convertirse en un servicio digital. En algunos estados de EEUU, existen normativas que prohíben a las marcas vender productos sobre los que más adelante se revocarán los derechos.

Hacerlo sin especificar que no se trata de una compraventa y dejando clara la caducidad puede ser considerado publicidad engañosa en un país donde existe una mayor cultura de pleitos de consumidores a empresas. No es tan frecuente en la Unión Europea, donde, como contraparte, sí suelen aprobarse normativas más protectoras para el consumidor que al otro lado del Atlántico.

Las plataformas digitales de gaming están estos días en el foco, pues a la polémica por la defunción de los videojuegos obsoletos se ha añadido otra a cuenta de los juegos para adultos. Un grupo de presión australiano detractor del porno convenció a Visa y Mastercard de que exigieran la retirada de los contenidos subidos de tono, que desaparecieron rápidamente de algunos catálogos ante el temor de las empresas de sufrir bloqueos de pagos. Una situación que ha generado la indignación de numerosos usuarios e incluso del magnate Elon Musk. Será difícil resolver serenamente estos debates y conflictos en el clima de tensión propio de un sector en constante -y abrupta- transformación tecnológica que mueve cerca de medio billón de euros al año.