El Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales el próximo miércoles 1 de septiembre para hablar de la eventual subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, que el Gobierno decidió dejar en suspenso a la espera de que se consolidara la recuperación económica.
En contexto: la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ya avanzó hace semanas que a la vuelta de las vacaciones de verano se hablaría con los agentes sociales del SMI para lo que resta de año. Hasta ese momento, Calviño había defendido que era necesario esperar a que los indicadores macroeconómicos mostrasen con claridad que la recuperación económica es sólida, argumento respaldado por el propio presidente del Gobierno.
La reunión servirá para escuchar la opinión de patronal y sindicatos respecto a una retribución que actualmente está fijada en 950 euros brutos mensuales, y en principio solo se hablará del año 2021, según han confirmado a Efe fuentes gubernamentales.
La posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido siempre la contraria a la de esperar para hacer la subida, ya que ha defendido la necesidad de seguir actualizando el salario mínimo, especialmente en un momento de repunte de los precios de consumo.
Díaz se ha apoyado en el informe que la comisión de expertos para el SMI presentó el pasado mes de junio, en el que recomendaba una subida de entre 12 y 19 euros en 2021, dentro de un ascenso progresivo a tres años que permitiera situarlo en el 60% del salario medio al final de la legislatura.
El grupo de expertos planteó tres escenarios en los que la subida más alta sería del 10,4% al cierre de la legislatura y situaría el SMI en 1.049 euros brutos al mes en 14 pagas. En este escenario se sumarían 99 euros al SMI vigente a razón de 19 euros en 2021, 40 euros en 2020 y otros 40 euros en 2023.
La fijación del salario mínimo es potestad del Gobierno, pero el Estatuto de los Trabajadores establece que hay que consultarlo previamente con los agentes sociales y que se deben tener en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Las dos últimas subidas se llevaron a cabo con acuerdo social, la del 22,3% de 2019 -la mayor desde 1980- y la del 5,5% de 2020.
Los sindicatos llevan meses reivindicando una nueva subida de al menos el equivalente a la inflación, para que los trabajadores que menos ganan no pierdan poder adquisitivo, y han advertido de que no se avanzará en otras negociaciones abiertas hasta que no se cierre la cuestión del SMI.
La patronal, por su parte, ha pedido prudencia para que un nuevo incremento del SMI no dañe la creación de empleo ni ponga en peligro a las empresas que aún están en una situación difícil.