Un juez suspende el decreto que abría la reserva amazónica brasileña a la minería privada
Un juez brasileño ha suspendido este miércoles todos los efectos del decreto publicado por el Gobierno que permitía a las empresas mineras privadas explotar un área de 47.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica, informan varias agencias.
Un juez brasileño ha suspendido este miércoles todos los efectos del decreto publicado por el Gobierno que permitía a las empresas mineras privadas explotar un área de 47.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica, informan varias agencias.
El juez de Brasilia Rolando Valcir Spanholo ha ordenado “suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA)”, indica el acta judicial. Esta zona, situada entre los estados de Pará y Amapá, es del tamaño de Dinamarca.
El juez ha argumentado que el decreto, que ha generado una gran polémica en los últimos días, no fue “precedido de la necesaria autorización del Congreso Nacional” y, además, podría “poner en riesgo la protección ambiental (…) y la protección de las comunidades indígenas locales”.
El Ministerio Público, quien pidió la suspensión del decreto, sostiene que es inconstitucional debido a que la extinción de una reserva natural es potestad del Congreso. Además, argumenta que el decreto viola el derecho de los indios que habitan en esta región a ser consultados previamente sobre cualquier medida que afecte a sus territorios.
El juez ha aceptado estos alegatos y ha decidido que la extinción de la reserva amazónica tendría que ser aprobada por el Congreso para llevarse a cabo, pues la Constitución de 1989 determina que las alteraciones de los recursos de las reservas de la Amazonía no pueden hacerse a través de decretos ejecutivos.
Tras las críticas recibidas por parte de grupos ambientalistas, de la Iglesia Católica y de varias celebridades, el presidente de Brasil, Michel Temer, anunció este martes un reemplazo del decreto por otro que incluía mayores precisiones sobre medidas de protección ambiental.
Sin embargo, los grupos defensores del medioambiente consideran que el cambio no fue significativo. “Nada cambia. El nuevo decreto tan solo cita medidas protección ambiental que ya eran obligaciones del Gobierno”, dijo a Efe el director de Campañas de Greenpeace en Brasil, Nilo D’Avila.