Entre 1998 y 2015, la Iglesia vivió su particular boom inmobiliario. Por unos 30 euros, el clero español registró a su nombre unas 4.500 propiedades por obra y gracia de una reforma del Ejecutivo de Aznar, que modificó la Ley Hipotecaria permitiendo así a la Iglesia, y sólo a la Iglesia, inmatricular a su nombre lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas.
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