Dice Pedro Sánchez que la prórroga de las centrales nucleares deben costearla los «ultrarricos» propietarios de las energéticas, no los contribuyentes.
En realidad, lo lógico sería que la electricidad la pagasen quienes la consumen, pero en España el recibo de la luz se ha venido usando para tapar todo tipo de agujeros presupuestarios, desde las ayudas al carbón hasta las primas a las renovables, pasando por la cogeneración, el bono social o la moratoria nuclear.
El único límite a esta exacción ha sido la propia capacidad de resistencia de las empresas, conforme al conocido apotegma estatista: «Si se mueve, grávala; si sigue moviéndose, regúlala, y si deja de moverse, subvenciónala».
Ahora mismo, las nucleares han entrado en la fase tercera o terminal: han dejado de moverse y, cuando reclaman un alivio fiscal para seguir operando, Sánchez las acusa del delito intolerable de pretender ganar dinero y les sugiere que lo pongan en todo caso de su bolsillo.
«Así es el socialismo», me dirán, pero aquí convendría distinguir entre el socialismo inteligente y lo que tenemos nosotros.
El socialismo inteligente no mata nunca a la gallina de los huevos de oro, porque sabe que es la fuente última de los recursos públicos.
Lo que tenemos nosotros, por el contrario, coge un negocio perfectamente rentable, lo exprime hasta dejarlo seco y, cuando a sus responsables se les ocurre abrir la boca, replica con satisfacción: «Si protestan es que vamos en la buena dirección».
¡Pues nada, señor Presidente! Ya nos avisa usted cuando lleguemos a término, aunque no se sorprenda si entre medias los «ultrarricos» propietarios de las energéticas se apean del tren y el último tramo lo tenemos que hacer a pie por los apagones.
