El Gobierno está dispuesto a seguir aprobando medidas sin necesidad de pasar por el Congreso. «Veréis la cantidad de cosas que vamos a hacer que no necesitan convalidación», aseguran fuentes del Ejecutivo.
Es una afirmación chocante.
Si por esa «cantidad de cosas» se refieren a subir vídeos a TikTok, no hay ningún problema.
Tampoco supone ninguna anomalía la gestión ordinaria de la Administración. La Policía Nacional tiene que seguir expidiendo el DNI; la Seguridad Social, tramitando las prestaciones por jubilación; la sanidad pública, atendiendo a los enfermos; el Ministerio de Educación, concediendo becas, etcétera, etcétera, etcétera.
Finalmente, el Gobierno puede ejecutar las leyes ya aprobadas y dictar reglamentos de desarrollo, pero todo lo antedicho, con ser mucho, únicamente permite mantener en marcha la maquinaria del Estado. Sin Presupuestos ni mayoría parlamentaria, no puede imprimirle un rumbo diferente. Ahora mismo, no importa mucho quién esté en la Moncloa. Podría ser el político más progresista del planeta o, por el contrario, el más reaccionario, y no apreciaríamos grandes diferencias, salvo en los vídeos de TikTok y en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, naturalmente.
Por eso resulta chocante que Pedro Sánchez haya solicitado a sus ministros medidas de carácter social «disruptivas» y «ambiciosas» cuya convalidación no dependa de las Cortes.
Se trata de una contradicción en los términos. O las medidas son verdaderamente disruptivas y ambiciosas, en cuyo caso su convalidación dependerá de las Cortes, o su convalidación no depende de las Cortes, en cuyo caso no serán ni disruptivas ni ambiciosas.
Las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas, porque violan la esencia misma de la democracia, y solo podemos pensar que, en su desesperación, en la Moncloa ya no saben ni lo que piden.
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