Villarejo creó una "estructura paraestatal" mientras estuvo en activo en la Policía Nacional

El excomisario José Villarejo montó una «estructura paraestatal» mientras estuvo en activo en la Policía Nacional que comprometió «gravemente el servicio público» y puso «en tela de juicio la autoridad del Estado», ha afirmado el juez que le investiga en el auto por el que prorroga su ingreso en prisión.

El magistrado desgrana seis de las 14 piezas activas del caso Tándem, las que no están bajo secreto, y le acusa de haber «instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes» gracias al «grado de infiltración» que tenía en la Policía y que le permitía acceder a información «legalmente clasificada» para proyectos de espionaje privados por los que cobró millones de euros.

Según el juez Manuel García Castellón, Villarejo intervino «por medio poco ortodoxos en la vida personal» de sus investigados y llegó incluso a utilizar «la más alta tecnología» para acceder a correos y mensajes de WhatsApp, como cámaras dotadas de potentes zooms y micrófonos, para luego coaccionar a sus víctimas.

Eso si no conseguía la información directamente a través de sus colaboradores en la Policía, como el excomisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, quien, según el juez, colaboraba con Villarejo de forma «periódica y constante«.

Villarejo se valió de su «doble condición de policía y de investigador privado» para traficar con información confidencial y lo hizo, sin autorización, desde el año 1989 hasta su jubilación en 2016, periodo en el cual ostentó cargos en destinos «especialmente sensibles» como la Comisaría General de Información o la Dirección Adjunta Operativa.

El juez resume en el auto el contenido de las seis piezas que no están bajo sumario ni archivadas: la 1 (King), 2 (Iron), 3 (Land), 4 (Pit), 6 (Pintor) y 8 (Marbella).

Excluye así la número 5 (Carol) sobre las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y la número 11 de revelación de secretos, que fueron archivadas, así como las que están bajo secreto: 7 (Kitchen), 9 (BBVA), 10 (Dina), 12 (Planeta), 13 (delitos fiscales), 14, 15 y 16. 

En la pieza principal se investigan delitos de organización criminal y blanqueo, y también el proyecto King, el germen del caso. Se originó a partir de una denuncia del abogado Francisco Menéndez, también imputado, contra Villarejo, que prestó servicios de espionaje para unos clientes del letrado originarios de Guinea Ecuatorial.

Estos clientes, que llegaron a Villarejo en 2012 a través del excomisario de Barajas Carlos Salamanca (imputado), le contrataron en el llamado «proyecto King» para perjudicar a uno de los hijos del dictador de ese país, Teodoro Obiang.

El juez ha afirmado que Villarejo cobró 5,3 millones de euros por este trabajo mediante un complejo entramado a través de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Panamá.

En la pieza dos, bautizada con el nombre Iron, constan otros encargos al excomisario hallados durante los registros a Villarejo, como el que le hizo el bufete Herrero y Asociados en 2013 para espiar a un despacho rival.

Se valió así, ha dicho el juez, para aprovecharse de «situaciones extremas de crisis empresarial para intervenir por medios poco ortodoxos en la vida personal» de sus investigados.

En este proyecto, apodado por él mismo como Iron, accedió de forma ilegal a datos privados del despacho espiado como llamadas, movimientos bancarios, información tributaria o de la Seguridad Social. Se investigan delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.

La pieza 3: Land, investiga el contrato entre Villarejo y los promotores de la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, para espiar a la hermana y la madrastra de la primera después de la muerte de su padre.

Ese encargo, ha explicado el juez, se convirtió en «un plan perfectamente dirigido a averiguar datos sobre la situación del resto de los herederos y finalmente a remover voluntades a través de medios al margen del derecho«.

Datos personales que obtuvo gracias en parte a la colaboración del Gordo y de otro policía, Antonio Bonilla, «ejecutor material de los accesos indebidos a las bases de datos«. 

El juez ha sido especialmente duro al hablar de la pieza 4: Pit, sobre el encargo en 2016 del naviero Ángel Pérez Maura para evitar su extradición a Guatemala por corrupción.

El excomisario quiso «obstaculizar» una orden de detención internacional cursada por Guatemala contra el naviero español, enmascarándolo en la contratación «bajo el eufemismo ‘la adecuada defensa legal en el sentido más amplio‘».

En este proyecto participó el empresario Adrián de la Joya, que iba «a pachas» con Villarejo. Al juez le consta que el excomisario recibió casi 7,5 millones de euros a través de ocho cuentas bancarias analizadas. Se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad y encubrimiento.

La pieza 6: Pintor, se abrió a raíz de una carpeta llamada «AR» encontrada en la casa de Villarejo en Boadilla del Monte. Es un proyecto que hizo en 2017 estando ya jubilado para los hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana, amiga, según el auto, de Villarejo.

Querían que espiara a un deudor, Mateo Martín, y su abogado, el exjuez Francisco Javier de Urquía. Villarejo usó «medios expeditivos» y obtuvo datos personales para «coaccionarlos».

Es el caso de una grabación a Urquía hecha en un aseo que luego dio a los abogados de los hermanos Muñoz para que coaccionaran al exjuez advirtiéndole de que la difundirían en Youtube o se la darían a su padre. Está abierta por delitos de extorsión y revelación de secretos.

Finalmente, la pieza 8 investiga las colaboraciones entre Villarejo y empresarios radicados en Marbella como la polaca Marcena Katarzina, que le contrató en 2015 para espiar un empresario marbellí contra el que se había querellado por estafa, Felipe Gómez Zotano. Se investigan delitos de cohecho y revelación de secretos.