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La violencia de los últimos días en Nicaragua deja el diálogo al borde de la ruptura

El recrudecimiento de la violencia en Nicaragua, que durante el fin de semana se cobró al menos 14 vidas, tiene al borde de la ruptura el diálogo para resolver la crisis que deja unos 250 muertos desde que el 18 de abril comenzaran las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Los fuertes enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas del orden sucedieron el pasado domingo en las ciudades de Jinotepe y Diriamba (suroccidente), un día después de que Ortega descartara adelantar las elecciones a marzo de 2019 como propuso la Iglesia católica, mediadora entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La violencia de los últimos días en Nicaragua deja el diálogo al borde de la ruptura

El aumento de la violencia en Nicaragua, que durante el fin de semana se cobró al menos 14 vidas, tiene al borde de la ruptura el diálogo para resolver la crisis que ha dejado unos 250 muertos desde que el 18 de abril comenzaran las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Los fuertes enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas del orden sucedieron el domingo en las ciudades de Jinotepe y Diriamba (suroccidente), un día después de que Ortega descartara adelantar las elecciones a marzo de 2019 como propuso la Iglesia católica, mediadora entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Durante el lunes ha persistido el clima de miedo en Jinotepe, con ciudadanos resguardados en sus casas mientras unos 50 hombres encapuchados vestidos de civil y con banderas del gobernante Frente Sandinista se mantenían apostados frente a la basílica de San Sebastián, donde algunos manifestantes se encontraban atrincherados desde la madrugada del domingo.

Para el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, no se puede negociar con «los representantes de un gobierno que miente, que no acepta su responsabilidad y continúa atacando y masacrando a la población». Los obispos convocaron a la mesa de negociaciones a ambas partes este lunes en las comisiones de verificación y seguridad, y en la electoral. Pero en la tarde del domingo anunciaron que sólo trabajará la primera. Báez advirtió de que la Iglesia seguirá apostando por el diálogo, pero responsabilizó al Gobierno «si se rompen las negociaciones» por «no haber querido encontrar una salida pacífica a esta crisis que ellos mismos han provocado».

La Policía entró en la basílica el domingo en Jinotepe y Diriamba derribando barricadas que habían levantado los opositores, produciéndose un fuerte tiroteo, según testigos y grupos defensores de los derechos humanos. Vilma Núñez, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), precisó a la AFP que el domingo hubo como «mínimo 14 muertos», al menos cuatro de ellos integrantes de las fuerzas de Ortega y el resto opositores. La Policía atribuyó la muerte de dos de sus efectivos a «terroristas con armas de fuego» que estaban en las barricadas.

Los enfrentamientos en Diriamba, a 45 kilómetros de Managua, y Jinotepe, a 40 kilómetros, dejan también decenas de heridos y una veintena de detenidos. Durante el fin de semana hubo también acciones violentas en las ciudades de Juigalpa (centro), León (occidente) y Matagalpa (norte), donde al menos una persona murió, según grupos defensores de los derechos humanos.

«La violencia se ha endurecido. Hemos observado el uso de grupos paramilitares, grupos armados que actúan bajo la presencia de la policía», dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, antes de partir de la capital.

El detonante de las protestas fue una reforma a la seguridad social, pero se propagaron tras la represión gubernamental y ahora los opositores exigen la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.

Para aumentar la presión, la Alianza Cívica llamó a una marcha el próximo jueves y a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado en la crisis, después de uno el 14 de junio con gran acogida de empresarios y trabajadores. El Gobierno prepara una contraofensiva con la celebración masiva del 39 aniversario de la revolución que se festeja el 19 de julio.

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