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El Tribunal Constitucional suspende la Ley del Referéndum

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la Ley del Referéndum aprobada el miércoles por el Parlamento de Cataluña y los decretos firmados para la consulta de secesionista del 1 de octubre. También ha acordado advertir personalmente a los 947 alcaldes catalanes y al menos 62 altos cargos de la Generalitat de que no deben participar en el referéndum.

El órgano presidido por Juan José González Rivas se reunió de urgencia esta tarde después de recibir las impugnaciones formuladas por el Gobierno contra el contenido del texto legal, contra el decreto de convocatoria firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

También ha rechazado la recusación que hizo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de los 12 magistrados que conforman el TC.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado más temprano después del Consejo de Ministros extraordinario que, tras recibir el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, dio instrucciones a la abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Referéndum aprobada en el Parlament.

“Lo que no es legal no es democrático”, había argumentado el jefe del Ejecutivo, al informar a la prensa de la presentación de los recursos.

Por su parte, el fiscal general del Estado anunció la presentación de dos querellas criminales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Mesa del Parlament que tramitaron los proyectos de la ley de desconexión.

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Los alcaldes a favor del referéndum catalán se niegan a declarar ante la Fiscalía

Foto: ALBERT GEA
Reuters

Los alcaldes catalanes investigados por colaborar con el referéndum independentista de Cataluña se han acogido este martes a su derecho a no responder ante la Justicia, por considerar que la Fiscalía se está extralimitando en sus funciones, informa Efe. Los juzgados han vuelto a protagonizar el contencioso institucional en España derivado de la intención de la Generalitat de celebrar un referéndum secesionista el 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

La decisión de 712 de los cerca de un millar de alcaldes con que cuenta Cataluña de ceder espacios municipales para albergar la consulta de octubre llevó a la Fiscalía a citarlos por desobedecer la orden del Constitucional de no colaborar. Los primeros regidores en comparecer han acogido ahora al derecho constitucional a negarse a prestar declaración y a la salida explicaron a la prensa que la fiscalía se está extralimitando al imputarles y que la causa del referéndum está judicializada.

Mientras tanto los agentes de la Guardia Civil siguen trabajando para impedir la consulta convocada para el 1 de octubre, y este martes se han incautado de documentación relacionada con el censo del referéndum independentista durante el registro de una empresa de mensajería de la periferia de Tarrasa. A diferencia de lo intervenido en otros registros, en este caso se trata de material directamente relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda.

La Agencia Española de Protección de Datos abrió el lunes una investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán con vistas a la eventual consulta. La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, un organismo estatal, y el proceso para elaborar el listado para unos comicios no se inicia hasta que la convocatoria no se publica en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Constitucional. Asimismo, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió hace unos días a los ciudadanos catalanes citados para una mesa ante la consulta del 1 de octubre que no acudan a esa llamada.

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Comienzan a declarar ante la Fiscalía los alcaldes que prometieron apoyo político al 1-O

Foto: Josep Lago
AFP

Al menos tres de los más de 700 alcaldes que firmaron el decreto de apoyo político al referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña han comenzado a declarar este martes. Lo hacen a petición del Fiscal General del Estado y tras la aprobación de la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, los principales brazos legislativos de desconexión con España, de acuerdo con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Entre los alcaldes citados, destacan los jefes de consistorios como Girona (Marta Madrenas) o Reus (Carles Pellicer).

Los regidores tendrán que responder entre este martes y el próximo lunes ante sus respectivas Fiscalías territoriales. Las excepciones son aquellos alcaldes que están aforados: bien por ser diputados del Parlament –en ese caso comparecerán ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña-, bien por ser diputados del Congreso de los Diputados –tendrán que hacerlo ante la Fiscalía del Tribunal Supremo-, como el alcalde de Amposta, Adam Tomàs.

Los primeros en pasar por los tribunales, esta vez en la Seu d’Urgell, han sido los alcaldes de Oliana y Pont de Suert, Miquel Sala y José Antonio Troguet, a las 10 y a las 11 de este martes, respectivamente. A las 12 comparecerá el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. Todos ellos son regidores de municipios leridanos.

Este miércoles será el turno del alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, y de la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, que lo harán en el Tribunal Superior de Justicia catalán.

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La Guardia Civil registra Unipost en busca de documentos relacionados con el 1-O

Foto: Alejandro Garcia
EFE

Una decena de agentes de la Guardia Civil se han presentado esta madrugada en la sede de la empresa de mensajería Unipost en L’Hospitalet, en Barcelona, para buscar documentación relacionada con el referéndum de autodeterminación en Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Los agentes han llegado a la empresa alrededor de las 05:00 horas y han inspeccionado las furgonetas de reparto de Unipost, han informado a Efe fuentes de la investigación. En una de ellas han encontrado las notificaciones que deberían haber sido enviadas ya por la Generalitat, pero se encuentran en sobres cerrados que no se pueden abrir sin una orden judicial.

El registro tiene como objetivo encontrar las notificaciones enviadas a los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre, que el Gobierno de Cataluña comenzó a enviar el pasado jueves.

Esta acción de la Guardia Civil tiene lugar menos de una semana después de que Correos ordenara a sus empleados no aceptar ningún envío relacionado con el referéndum catalán por haber sido declarado ilegal, por lo que la Guardia Civil cree que la Generalitat ha contratado a una empresa privada para enviar la documentación a los convocados a las mesas electorales.

Según su propio calendario electoral, el Govern tenía de plazo hasta el viernes 15 de septiembre para notificar a los miembros, que también recibirán un manual de instrucciones que explica cómo actuar el 1 de octubre.

La Guardia Civil se ha incautado en los últimos días de cerca de millón y medio de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionados con el referéndum en varios registros, el último de ellos en una nave de un polígono industrial en Sabadell, Barcelona.

El mayor registro tuvo lugar en una empresa de distribución de Montcada i Reixac, donde se requisaron más de 1,3 millones de carteles, dípticos y follletos.

A última hora de la tarde, los mossos han desalojado a varios manifestantes que se han atrincherado a la entrada de la empresa.

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Protección de Datos investiga posibles delitos para crear el censo del referéndum catalán

Foto: SERGIO PEREZ
Reuters

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) investiga el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para crear el censo electoral para el referéndum catalán convocado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

La investigación es el resultado de la denuncia presentada por un ciudadano, ha informado la AEPD en una nota, en la que se indica que “los hechos denunciados podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en relación con ficheros y tratamientos sometidos a la competencia de la AEPD”.

El organismo público ha pedido, en consecuencia, información al Instituto Nacional de Estadística(INE), la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos catalanes.

La agencia ha remitido la denuncia recibida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), organismo competente para investigar “y, en su caso, declarar infracciones respecto de ficheros creados o gestionados por los organismos públicos de Cataluña”. Junto a la denuncia, la AEPD remite un informe en el que se analiza la ausencia de base legal para la utilización de determinados datos para crear un censo electoral por parte de la Generalitat de Cataluña.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos solicita a la autoridad catalana que le comunique la información que pueda recabar como consecuencia de la tramitación de la denuncia remitida, y “en particular la que obtuviese en relación con el origen de los datos“, a fin de incorporarla a las actuaciones previas de investigación.

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