Libertad de expresión en la era del insulto

Algunas sentencias recientes por delitos contra el honor, o injurias, o calumnias en redes sociales encienden el debate, sobre todo cuando castigan a artistas cuya libertad de expresión se ve menoscabada. Se alzan voces trémulas sobre la Inquisición digital que llega. Yo no lo veo así: creo que tenemos el mismo problema que sufrimos desde hace mucho en España con un Código Penal, aun tras su reforma de 2015, que deja prácticamente al albedrío del juzgador la apreciación de delitos de injurias (artículo 208), o de calumnias (art. 205), o de amenazas (art. 169). Los periodistas y demás personas que escriben o hablan con frecuencia en los medios de comunicación tradicionales (en un sentido lato: del diario impreso al digital, pasando por la radio y la televisión) lo han sufrido muy directamente. Lo que sucede ahora es que el universo de los amenazados por alguna sentencia ha crecido exponencialmente por ese fenómeno de las redes sociales, y de ahí la alarma de algunos.

Somos un país curtido en la inseguridad jurídica: «Tengas pleitos y los ganes», reza nuestro famosísimo dicho. Pero un columnista no está ni más ni menos expuesto a ella que un rapero. Y para todos hay que reclamar lo mismo: tolerancia amplia con la libertad de expresión mientras la injuria no sea grave, la calumnia no sea delictiva o la amenaza de algo terrible no tenga visos de incitar a alguien -no necesariamente el que la profiere- a llevarla a cabo.

El problema está en el listón judicial, que me parece muy bajo cuando al periodista Alfonso Rojo le cuesta 20.000 euros llamar «chorizo», «mangante» y «gilipollas» a Pablo Iglesias, y situado en su justa altura cuando se acaba absolviendo a la política Rita Maestre por su desagradable mamarrachada en una capilla universitaria: la figura penal de «profanación» era, a todas luces, una exageración en este caso. (No se llegaron a juzgar, o a probar siquiera, las posibles amenazas lanzadas por los manifestantes).

Dicho esto, las redes sociales han venido a multiplicar y a veces agravar los problemas: millones de participantes, muchos escudados en el anonimato, y una política quizá excesivamente laxista de empresas como Twitter o Facebook, que suelen mirar hacia otro lado y decir que no es cosa de ellas. Tienen bastantes defensores, pero yo no acabo de ver por qué un medio como El País o El Mundo puede ser condenado porque a través de sus páginas (en papel o no, hay que insistir) se insulte o calumnie, y una multinacional lejana, no. De hecho, ni en los panfletos clandestinos que se lanzaban antaño a la calle se leían las barbaridades, de todo punto delictivas, que hoy se leen en esas redes. Y la tolerancia de éstas, Facebook en particular, ha permitido la aparición de ese fenómeno tremendo de las ‘Fake News’, las noticias palmariamente falsas que aquellos cercanos ideológicamente a sus autores siguen con entusiasmo.

La libertad de expresión debe ser rescatada de esos abusos porque acabará víctima de ellos y, como sucede en algunas tambaleantes democracias como Turquía, pagarán justos por pecadores. No existe libertad para delinquir de palabra, en Twitter ni en el New York Times ni en un periódico mural. Defendamos una libertad vigorosa, sin duda irritante y polémica en muchos casos: el aceptar esos aspectos desagradables es parte del propio derecho fundamental. Pero detengamos las llamadas al asesinato o la violación, las calumnias horribles contra personas honorables, los delitos de odio que se han convertido en el pan nuestro de cada día.

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