El juzgado de lo Penal número 34 de Madrid ha absuelto a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, en Madrid en 2019, después de que la Fiscalía retirase su acusación tras entrar en vigor la Ley de Eutanasia.
En contexto: María José Carrasco murió el 3 de abril de 2019 en su domicilio cuando, estando solo el matrimonio en la vivienda, y tras el deseo «constante» de la enferma de acabar con su vida, su marido vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció.
El caso recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se inhibió en uno de Violencia sobre la Mujer (el número 5), cuya titular rechazó asumir la investigación al considerar que la fallecida expresó a su marido «de forma seria e inequívoca» su intención de poner fin a su vida. Pero la Audiencia de Madrid acordó, en junio de 2019, que la causa continuara en ese juzgado dado que aún faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia machista. La defensa de Ángel Hernández recurrió al Supremo, que no admitió su recurso por una cuestión técnica y decretó, el pasado mes de enero, que el caso siguiera en ese juzgado.
Ahora, tras la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia el pasado mes de junio, Ángel Hernández queda absuelto de cualquier acusación por lo que no tendrá que entrar en prisión. «Al haberse retirado la única acusación personada en las acusaciones, de acuerdo con la doctrina, procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables», señala la resolución, que absuelve a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio.
En el marco de la sentencia absolutoria, según consta en la resolución, quedan sin efecto las medidas cautelares que se acordaron durante la instrucción de la causa. En la causa, la Fiscalía de Madrid pedía seis meses de prisión para el investigado por la comisión de un delito de cooperación al suicidio, una acusación ya retirada. Tras salir en libertad después de ser detenido, Ángel Hernández llevó a cabo una recogida de firmas para despenalizar la intervención voluntaria para provocar la muerte.
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor el 25 de junio y desde ese momento cualquier persona mayor de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezca un sufrimiento «constante e intolerable» podrá solicitar ayuda médica para morir.
El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.
La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios, públicos, privados o concertados, como en el domicilio del enfermo, y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso.
España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal, después de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre, y Colombia, en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule.
