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No es país para prudentes

Tenemos una izquierda que intenta patrimonializar causas nobles para arrojárselas al rival político y revestirse de superioridad moral

No es país para prudentes

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Este jueves asistimos cómo por tercera vez en poco más de tres meses una denuncia por homofobia resultaba ser una denuncia falsa. Primero fueron la pareja de influencers Devermut, que denunciaron en su Instagram que las habían echado de un local nocturno de Cádiz por ser lesbianas. Cuando se hicieron públicas las imágenes de seguridad del pub quedaron como unas maleducadas que estaban molestando a la clientela, y como consecuencia de esto han llegado a perder un 15% de sus seguidores en dicha red social.

La segunda ocasión y la más mediática fue cuando el chico que denunció que le grabaron la palabra maricón con un cúter en el glúteo.  Los sucesos habían ocurrido en plena calle a las cinco de la tarde en el barrio céntrico de Malasaña.  Varios días después confesó ante la falta de evidencias que quería ocultar su condición de prostituto a su pareja. Este viernes ha aceptado una multa de 480 euros por simulación de delito.

Y este jueves la chica que denunció hace una semana otra agresión en Chueca ha admitido ante la policía que todo era mentira. Según fuentes policiales sus heridas fueron causadas por una mala caída por ir ebria y aprovechó la invención del suceso para ganar notoriedad en redes sociales haciéndose pasar por víctima. Este jueves fue arrestada y puesta en libertad al poco tiempo.

Irene no tuvo el menor reparo en aparecer en La Sexta contando su relato de ficción. También publicó un tuit para echarle la culpa de todo ello a Vox y al Partido Popular.

¿Qué hay que tener en la cabeza para inventar algo así? ¿De verdad merece la pena intentar ganar relevancia en redes sociales sabiendo que esto sí que perjudica a los que sufren este tipo de agresiones?

Y, cómo no, la izquierda madrileña intentó arrimar el ascua a su sardina aprovechando esta falsa agresión en la semana en que Vox presentó la derogación de la Ley LGTB autonómica.

Entre los que alzaron la voz figura Santiago Rivero, diputado por el PSOE y exvicepresidente de COGAM, la asociación que vetó a PP y Cs del desfile del Orgullo de 2019. Le faltó tiempo para buscar fantasmas y acusar a Ayuso. Luego borró su tuit de acusación, sin pedir disculpas, por supuesto, y me bloqueó en Twitter por afear su actitud.

Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid, tampoco ha escrito una rectificación.

Carla Antonelli, diputada del PSOE, que también me bloqueó por las mismas razones.

O Triángulo, otra asociación LGTB.

Uno podría tener la esperanza de que en estos casos es mejor ser prudente, esperar a nuevas evidencias que no solo se basen en el testimonio de la supuesta víctima. Se acaba cogiendo antes a un mentiroso que a un cojo, pero tenemos una izquierda que intenta patrimonializar causas nobles no para solucionar esos problemas sino para arrojárselos al rival político, señalar con el dedito y así revestirse de superioridad moral.

Ojalá a la tercera hayan aprendido la lección, pero como dijo Daniel Herrera Rodríguez: «La demanda de odio homófobo es infinitamente superior a la oferta» y volverán a caer en el error haciéndoles un flaco favor a las verdaderas víctimas.

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