Interior se escuda en el 28-M para retrasar el problema del alquiler de la Policía en Baleares
El ministro aseguró hace un mes que en «15 o 20 días» se anunciarían medidas para ayudar a los agentes a pagar el alquiler en la comunidad autónoma
Ni en 15 ni en 20 días. El Ministerio del Interior descarta por ahora hacer cualquier anuncio relativo a las medidas que supuestamente tenía listas para el acceso a la vivienda de agentes en Baleares. Con motivo de su visita a la comunidad autónoma, el pasado 24 de abril, su titular, Fernando Grande-Marlaska aseguró que en cuestión de dos semanas se «darían a conocer algunas medidas estructurales para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de policías y guardias civiles». Lo hacía tras varios meses en los que asociaciones y sindicatos policiales habían denunciado las dificultades para pagar el alquiler que tenían —y todavía tienen— los agentes.
Ahora, sin embargo, fuentes de este departamento consultadas por THE OBJECTIVE evitan poner fecha al supuesto plan para paliar las dificultades de los funcionarios policiales. Insisten en que «no son públicas» y «se anunciarán en su momento». Estas mismas fuentes excusan el retraso de las mismas por las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. «En periodo electoral no se pueden hacer anuncios, cualquier medida se comunicará después de las elecciones», sostienen desde el área de Grande-Marlaska.
En declaraciones a los medios, en su visita a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares, el ministró explicó que los estudios estaban destinados a ver qué infraestructuras dispone la Administración General del Estado para garantizar el derecho a la vivienda de los policías y guardias. Casi un mes después, todavía no se sabe nada. El tiempo apremia, pues a finales del próximo mes de junio comenzarán a llegar a las islas los agentes de refuerzo para el verano, advierten fuentes policiales.
Campaña ciudadana
Para tratar de atajar el problema, al menos de momento, Jupol, el sindicato mayoritario de Policía, ha iniciado una campaña para solicitar el apoyo de los ciudadanos propietarios de viviendas de alquiler en Mallorca, Menorca e Ibiza, y de este modo poder llegar acuerdos en el alquiler de las mismas a precios asequibles y acordes a los ingresos de los agentes de la Policía Nacional.
De no poder alcanzar un acuerdo con los dueños de viviendas —para lo que se ha puesto a disposición una cuenta de correo electrónico— los agentes destinados a Baleares, la mayoría con carácter forzoso, se verán obligados a «buscar formas alternativas de vivienda, esto es compartir piso con varios, o a malvivir en incompatibles con el trabajo policial», advierte este sindicato. Y es que la turistificación, la poca oferta y el alto precio que exige el mercado han hecho que optar a un piso temporal sea prácticamente imposible.
36.000 euros por adelantado
El principal problema al que se enfrentan no solo los policías y guardias, sino también otros funcionarios como profesores, enfermeros o médicos en las islas es que las opciones del alquiler son limitadas. Esto es, que, de por sí, hay pocas, y que la mayoría de contratos que se ofrecen son de octubre a mayo, eliminando el verano, cuando la comunidad autónoma se llena de turistas.
«Existen verdaderos problemas para encontrar piso. El caso más flagrante es el de tres policías que buscaban piso en Ibiza. El propietario les pedía un pago por adelantado de 36.000 euros al mes. Es decir, el alquiler eran 3.000 euros al mes, pero cada uno debía soltar 12.000 de golpe. No lo cogieron, pero si la situación sigue así, a muchos nos les quedará otro remedio… Todo ello sin contar que los agentes tienen que destinar más del 50% de su salario a la vivienda», denunciaba el secretario general de Jupol Baleares, Chechu Enrique, a este diario.
Los precios que exige el alquiler en Baleares, al mismo tiempo, desencadenan que los agentes no tengan arraigo en la zona, y el problema se perpetúe. «La mayoría vienen aquí obligados, nadie quiere este destino. Pero ha habido casos de policías, con sus familias, que no han podido venir. Viene uno y se mete con otros dos compañeros, generalmente, para compartir piso y pagando 1.000 euros», prosigue.
Ibiza, más conocida internacionalmente, es la isla que concentra los precios más altos de vivienda. No obstante, advierten fuentes policiales, en Mallorca y Menorca la situación es cada vez peor. Tanto es así que Enrique y otros funcionarios crearon una organización hace dos años para denunciar el problema que padecen: la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos en Baleares (Unisep).
Más medidas
«Llevamos meses haciendo manifestaciones y denunciando que el caso de Ibiza solo es la punta del iceberg, el comienzo de un problema mucho más grande. Nadie nos ha recibido y esto ya ha explotado. Lo que reclamamos es que la Administración ponga a disposición de los funcionarios una indemnización por residencia», señalan desde Jupol.
Se trata de un complemento económico, conocido también como plus de insularidad, que ya se da en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, existen diferencias entre los mismos. «En Melilla, un agente cobra 700 euros más, en Mallorca, son 70 y en Ibiza, 90. Si se igualase, esta herramienta ayudaría bastante a todos los trabajadores que vienen a la comunidad autónoma», reclaman.