García Montero y un alto cargo de Albares, en la nómina de un ente de Cultura en pérdidas
Acción Cultural Española repartió 120.000 euros entre el Consejo de Administración y perdió 10 millones en 2023
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | EP / Eduardo Parra
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y Adriana Viz Fernández, directora adjunta del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se encuentran en la lista de miembros del Consejo de Administración de Acción Cultural Española que tenían derecho a cobrar dietas por su asistencia a estas reuniones. Como ya publicó THE OBJECTIVE, este organismo perdió 10 millones de euros en 2023, pero se gastó 120.000 euros por este concepto. La sociedad depende del Ministerio de Cultura.
Este Consejo de Administración, presidido por José Andrés Torres Mora, el que fuera jefe de gabinete del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está integrado por doce miembros, todos ellos con cargos destacados en la Administración socialista y con sueldos elevados. En el caso de Luis García Montero, cobró un salario de 113.834 euros en 2023, según figura en el Portal de la Transparencia, al que habría que sumar unos 10.000 euros más al año por la asistencia a estos consejos.
También aparecen en el organigrama del consejo, que figura en la página web oficial de Acción Cultural Española, Adriana Viz Fernández, directora adjunta del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. Viz Fernández ha sido secretaria general de las Juventudes Socialistas de Lalín (Pontevedra) y encabezó la lista del PSOE en Dozón en 2011. Igualmente, Ángeles Albert de León, vinculada familiarmente a los negocios del padre de Pedro Sánchez, y directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, también es miembro de este organismo.
El cobro o no de dietas por asistir a reuniones del consejo puede ser voluntario, por lo que cabe la posibilidad de que algunos de los miembros hayan renunciado a ingresar el importe. THE OBJECTIVE se ha dirigido al Instituto Cervantes preguntando por esta cuestión, pero no ha recibido respuesta. Fuentes gubernamentales subrayan que los cargos con rango de dirección general no deben cobrar las dietas y que esta razón puede explicar que la mayoría del consejo tenga un rango inferior.
Tras la publicación este jueves de esta información, el Instituto Cervantes se ha puesto en contacto con THE OBJECTIVE asegurando que Luis García Montero renunció a cobrar la remuneración por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.
La asignación destinada a asistencias a los consejos de administración en 2023 ha sufrido una leve disminución en relación con lo gastado en 2022, que ascendió a 128.605, 26. A esta cantidad hay que sumar el gasto de 2.473.769,46 euros para los sueldos y salarios del personal; algo menos de los 2.477.890,17 del ejercicio de 2022. La plantilla total de la empresa es de 53 trabajadores: tres de alta dirección, un personal directivo, 36 como personal técnico, nueve puestos de administrativo y auxiliar y cuatro más, siempre según los datos del informe de auditoría.
La alta dirección está compuesta por tres personas: una Presidencia Ejecutiva, una Dirección de Programación y una Dirección Financiera y de Recursos. «Durante el ejercicio 2023, las retribuciones del trabajo personal en concepto de sueldos y salarios del personal de alta dirección, con importes diferentes, han alcanzado una cuantía bruta total de 340.844, 86 euros (328.073, 06 en 2022)», señala el documento.
En este informe se señala que «por la propia naturaleza y objeto social de la sociedad, los ingresos obtenidos, que provienen normalmente de patrocinios y colaboraciones, ventas y prestaciones de servicios de la actividad, subvenciones y donaciones y remuneración de la tesorería, no son suficientes para compensar los gastos incurridos, por lo que en el ejercicio 2023 se han obtenido pérdidas de 10.568.809,68 euros». La financiación de los proyectos proviene «básicamente de las ampliaciones de capital aprobadas anualmente por el único accionista de la entidad».
Acción Cultural Española es una sociedad anónima unipersonal, cuyo único accionista es el Estado a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que ostenta el 100% de la titularidad de las acciones. Tiene por objeto «la planificación, organización y ejecución de las exposiciones, eventos e iniciativas de difusión y promoción de las culturas de España que contribuyan a la proyección de las mismas, tanto en el ámbito nacional como internacional, y particularmente con motivo de conmemoraciones de personas, obras y acontecimientos destacados». Todo ello «bajo la coordinación del ministerio competente en materia cultural; así como el competente en asuntos exteriores en todo aquello en lo que exista una dimensión internacional».
En la actualidad, esta entidad prepara la presencia de España en la Expo Universal Osaka 2025 (Japón), que considera «una oportunidad única para mostrar al mundo la innovación, la creatividad y la sostenibilidad que caracterizan a nuestro país. Con el lema ‘La corriente de Kuroshio’, el pabellón español busca conectar con los visitantes a través de una experiencia inmersiva que celebra la relación entre España y el mar».
El coste aproximado del pabellón, según el informe de inicio del concurso del proyecto, con fecha de 18 de mayo de 2023, «es de 50 millones de euros calculados en función de los riesgos aparejados al proyecto. Se ha tomado en cuenta para ello que los costes pueden verse incrementados por los siguientes motivos: diferencias de cambio, fecha de emisión de la información, precios y presupuestos comunicados por Expo Osaka 2025, partidas incluidas con costes de funcionamiento mínimo necesario, etcétera».
