Un alto cargo de Junqueras se reunió con Unipost para destruir pruebas del 1-O

Un alto cargo de Oriol Junqueras, el director de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, consensuó con los dueños de la empresa postal Unipost una guía sobre cómo actuar si las autoridades les pedían explicaciones sobre los encargos del 1-O, en que valoraron como clave destruir pruebas, como las imágenes de cámaras de seguridad.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe, al que ha tenido acceso la agencia Efe, remitido al titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a una cuarentena de personas, entre ellos varios ex altos cargos del Govern, por los preparativos del referéndum del 1-O.

Según el informe, Sutrias mantuvo conversaciones con el responsable de Unipost, el también imputado Pau Raventós, sobre el reparto postal de las tarjetas censales y las cartas certificadas para los miembros de las mesas electorales del 1-O. La Guardia Civil sostiene que Sutrias elaboró un documento junto con Raventós para valorar si, ante un eventual requerimiento de las autoridades, habría que optar por prestar declaración o no hacerlo y, en todo caso, preparar las posibles respuestas sobre los pedidos, los canales de recepción y la forma de ejecutarlos.

En este contexto, siempre según el informe, Sutrias quedaba también de forma habitual con otro imputado, Pau Furriol, dueño de la nave donde la Guardia Civil intervino miles de papeletas del 1-O, y era «plenamente consciente» de que se descubriría que había cinco departamentos de la Generalitat involucrados en el encargo a Unipost.

Por este motivo, el Instituto Armado concluye que Sutrias, hombre de confianza de Josep María Jové, el ex número dos de Junqueras, y del exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó, valoraba que podría ser imputado por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en grado de tentativa.

Precisamente, la Guardia Civil apunta que entre el material intervenido a Raventós figuran las «facturas» que envió a Sutrías, con el extracto del reparto del gasto del envío postal asociado del referéndum –de 56.000 cartas certificadas y 5,3 millones de tarjetas censales– entre cinco departamentos de la Generalitat.

Según el informe, con el acuerdo para «trocear» la facturación entre cinco departamentos de la Generalitat, los imputados «no podían perseguir otra cosa más que dificultar su localización y disimular el gasto vinculado con el referéndum», que en el caso de Unipost sitúan en casi un millón de euros.

La Guardia Civil también considera «muy significativo» que quien se encargaba de estas gestiones con Unipost, Sutrias, fuese el director general Patrimonio, quien además ostentaba el cargo de presidente de la Comisión Central de Suministros, órgano en el que, entre otros, se tratan asuntos relacionados con la adjudicación de los acuerdos marco de la Generalitat, entre ellos el de servicios postales.

En su informe, el Instituto Armado también resalta que intervinieron a Salvadó un sobre abierto por un lateral, con el membrete de la Generalitat y la inscripción «En mano. Personal. Confidencial. De Francesc Sutrias a Josep Lluis Salvadó», en cuyo interior se encontraba un informe de distribución de activos y pasivos, con fecha de diciembre de 2016 y con el membrete de la Generalitat.

Este documento, analizaba y clasificaba los activos y pasivos de la Administración General del Estado en Cataluña con el fin de acordar con el Estado su reparto «en caso de una hipotética secesión», según la Guardia Civil.

La Guardia Civil también incautó a Salvadó un documento, denominado Planificació Falles 2017, que contiene un cronograma de la hoja de ruta de la recaudación de la Generalitat para asumir las plenas competencias fiscales del futuro estado catalán tras la celebración del referéndum de octubre de 2017.