Amnistía Internacional denuncia que Birmania impone un régimen de “apartheid” a los rohingya

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Amnistía Internacional denuncia que Birmania impone un régimen de “apartheid” a los rohingya
Foto: SUSANA VERA| Reuters

Amnistía Internacional ha acusado este martes a Birmania de imponer un régimen de «apartheid» a los musulmanes rohingya y además ha denunciado que este sistema “institucionalizado” de discriminación es un crimen contra la humanidad. Desde el mes de agosto, más de 600.000 rohingyas han huido de Birmania a Bangladesh.

“Las autoridades de Birmania mantienen a hombres, mujeres y niños rohingya segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid”, ha dicho la directora de investigación de Amnistía Internacional, Anna Neistat, en un comunicado.

Los rohingyas “están atrapados en un sistema viciado de discriminación institucionalizada y promovida por el estado”, asegura la organización, y añade que esta situación supone una “restricción severa de virtualmente todos los aspectos de sus vidas”.

La ola de violencia desatada en 2012 y la implantación de una “intrincada red de leyes” que restringen la libertad de movimientos y les priva de ciudadanía impiden el retorno de los rohingya que han abandonado el país, explica Amnistía Internacional.

“Este sistema parece estar diseñado para hacer que las vidas de los rohingyas sea lo más humillante y sin esperanza posible”, ha denunciado Neistat, que ha calificado como “limpieza étnica” la última campaña militar llevada a cabo en Birmania.

“Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles”, asegura Neistat. “Hay que abordar las causas fundamentales de la crisis actual para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas refugiadas rohingyas vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad”, ha pedido.

La organización ha realizado esta denuncia en la presentación en Bangkok de una investigación de dos años sobre las condiciones de esta minoría en el estado de Rajine, en el oeste de Birmania, donde no son reconocidos como ciudadanos.

La organización ha concluido que Birmania “tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Esta denuncia se suma a otras presentadas en las últimas semanas, como la del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que acusó al ejército birmano de llevar a cabo una “limpieza étnica de manual”.