Ampliada al 31 de octubre la suspensión de desahucios y el corte de suministros

Política y conflictos

Ampliada al 31 de octubre la suspensión de desahucios y el corte de suministros
Foto: Javier Lizón| EFE

El pleno del Congreso de los diputados ha aprobado, con los votos en contra de Cs y la abstención de Vox, la convalidación del decreto que extiende hasta el 31 de octubre las medidas del llamado «escudo social», entre ellas la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos vulnerables.

Por qué es importante: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ha estrenado en la tribuna de oradores de la cámara defendiendo este decreto, ha asegurado que las medidas que contiene protegen a más de 1.100.000 personas con dificultades económicas agravadas con la pandemia. El decreto convalidado también amplía hasta el 31 de octubre las prórrogas automáticas de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.

El decreto, que incluye también medidas en materia de violencia de género, amplía el concepto de consumidor vulnerable a los desempleados, afectados por ERTE o personas que cumplan determinados requisitos de renta, para que puedan acogerse al bono social eléctrico, del que ya se han beneficiado 1.190.000 personas, según Bolaños.

El ministro ha defendido que esta nueva prórroga del «escudo social» refleja la acción de un Gobierno progresista frente a la crisis, a diferencia de lo que ocurrió en la de 2009, en la que «nadie pensó en los más vulnerables», y ha hecho hincapié en que en esta ocasión la recuperación económica será «justa» y «rápida», frente a la recuperación «injusta» y «lenta» que gestionó el Gobierno del PP.

Todos los grupos parlamentarios -a excepción de Cs, que ha votado en contra y de Vox, que se ha abstenido- han apoyado la convalidación, aunque la han considerado un «parche» y han advertido al Gobierno de que la vulnerabilidad de esas familias no se acabará el 31 de octubre.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, ha salido adelante con 288 votos a favor, 9 votos en contra y 52 abstenciones.