Barcelona decide no ceder espacios para el referéndum

El Ayuntamiento de Barcelona, por cumplir las normativas judiciales, señala que no cederá espacios para el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre con el que el Parlament pretende independizar a Cataluña del resto de España.

El primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, ha dicho que no ofrecerá a la Generalitat la información que le ha sido pedida sobre los colegios electorales de titularidad municipal que serían habilitados para la convocatoria.

«Los trámites ordinarios han quedado afectados por la interlocutoria del Tribunal Constitucional», ha dicho el número dos de la alcaldesa Ada Colau en referencia a la advertencia de esta instancia para que ninguna institución, ni particular, colabore con la consulta.

Pisarello, además, ha anunciado el “pleno compromiso como Ayuntamiento para que en Barcelona se pueda ejercer el derecho a participación siempre que no ponga en riesgo la institución y sus funcionarios”.

Asimismo, ha indicado que aún Barcelona está esperando a conocer el informe jurídico que explique cuál debe ser el posicionamiento del Gobierno municipal y ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidiéndole que aclare cómo se puede votar sin poner en riesgo a los funcionarios.

El Tribunal Constitucional ha endurecido, aún más, su postura ante el referéndum al advertir de que los que formen parte de la convocatoria, considerada como ilegal, estarían incurriendo en un delito.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta.

Por su parte, el portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, expresó en rueda de prensa que «los que participen en un referéndum ilegal, lo saben, ahora no hay ninguna duda, (…) y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace».

El gobierno catalán asegura contar con el apoyo de una mayoría de ayuntamientos, además de tener listos a más de 16.000 voluntarios para la organización de la consulta.

Según la asociación de municipios independentistas, ya son 654 los que apoyarán el referéndum, pero el Ayuntamiento de Barcelona ha dado su negativa.

En dos sesiones marcadas por la tensión, el Parlament de Cataluña ha aprobado esta semana la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Con estos textos, la cámara catalana pretende establecer un marco jurídico con el que celebrar el referéndum independentista.