Casado sostiene que las protestas en Cataluña han "sobrepasado" a Sánchez y pide la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comenzado su ronda de reuniones con los líderes de Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos –Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias– para afrontar la crisis desatada en Cataluña tras conocerse el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra los responsables de la declaración unilateral de independencia de la comunidad autónoma.

Casado ha comparecido en rueda de prensa desde la Moncloa y no ha revelado los detalles de la conversación con el presidente, pero sí sus peticiones ante el desafío soberanista y la violencia desatada en las cuatro provincias catalanas. «La situación ha sobrepasado a Pedro Sánchez», ha manifestado. «Le he dicho que cuenta con todos los mecanismos del Estado de Derecho ante esta escalada de violencia inadmisible».

El líder de la oposición no ha dudado en señalar al actual gobierno regional de ser el impulsor de los disturbios y cortes de infraestructuras –»el independentismo siempre ha hecho uso de la violencia para conseguir sus fines»– y ha querido recordar las palabras de Quim Torra hace unos meses, en las que abogaba por aplicar la vía eslovena en Cataluña. La cual no fue particularmente pacífica.

Tampoco se ha olvidado de las llamadas a la acción del movimiento Tsunàmi Democràtic, que ha liderado el bloqueo de autopistas, vías de tren y aeropuertos, y se ha dirigido tanto al Gobierno en funciones como a la Fiscalía para atajar el problema. Al primero le ha pedido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de la policía autonómica, que ahora mismo responden en última instancia ante Torra, y a la Fiscalía, a la que invita a actuar contra el president por «incitar al desorden público» e «incluso participar en el sabotaje de las infraestructuras del Estado con los violentos».

Además, solicita a Sánchez que active todos los mecanismos a su disposición en sus manos para impedir la «mal llamada» huelga general convocada para el próximo viernes, que espera que no sea secundada por los sindicatos, y que rompa todos sus vínculos con los independentistas en los 40 municipios de Cataluña donde ha recibido el apoyo o ha apoyado a separatistas para sostener liderazgos de izquierda. Ha sido muy claro: «Pedro Sánchez tiene que elegir entre quienes le hicieron presidente del Gobierno y los constitucionalistas».

En este sentido, Casado ha lanzado un nuevo guante al PSOE para llegar a acuerdos concretos, incluso pensando en más allá del 10-N. Algunas de las propuestas que defiende el líder de la oposición pasan por recuperar las competencias penitenciarias, educativas y radiotelevisivas autonómicas, cambiar la ley de indultos para que no sea posible concederlos en casos de rebelión y sedición, hacer que las euroórdenes sean de aplicación inmediata e ilegalizar cualquier partido que aliente a cometer actos violentos.

Ante las peticiones del líder popular, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha declarado que «no se dan los supuestos para aplicar la Ley de Seguridad Nacional». Pero advierte: «No renunciamos a ningún recurso». A su vez, ha comunicado que «el Gobierno no va hacer espectáculo ni nada espectacular» y que no se van a «mover de la ley»: «Tenemos recursos suficientes en el marco de la legalidad para actuar. Algunas no son tan espectaculares, pero son eficaces».