Sociedad

La polémica por la incautación de un teléfono móvil a un periodista del Diario de Mallorca en el marco del caso Cursach ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial. Después de que distintos representantes de los medios de comunicación se pusieran en contacto con el organismo a raíz de esta confiscación, la Comisión Permanente de la entidad ha manifestado que “comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación” porque la “Comisión Permanente afirma que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave” del “Estado social y democrático de Derecho” y añade que “sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática”. Por ese motivo, “manifiesta su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información”.